La Paz, 29 de julio (ANF). – El Comité pro Santa Cruz presentó este viernes un recurso de impugnación contra el cierre y sobreseimiento del caso “fraude electoral”, porque la Fiscalía obró de manera unilateral, violó el debido proceso, el derecho a la igualdad de las partes y a la legítima defensa, además desconoció el procedimiento para la elaboración de una pericia.
“Se ha presentado un recurso de impugnación ante el sobreseimiento que han presentado los fiscales de materia en la investigación por el fraude del 2019 en la ciudad de La Paz. Esta impugnación debe ser resuelta por el fiscal de Distrito de la ciudad de La Paz”, informó el abogado Martín Camacho, en conferencia de prensa.
Además, se presentó un recurso de “incidente de actividad procesal defectuoso” ante el juzgado, debido a que la prueba que utilizó el Ministerio Público para cerrar el caso “fraude” fue indebidamente recolectada, no se notificó a las partes de la pericia y tampoco se dio a los denunciantes la oportunidad de proponer un consultor técnico para encargar una pericia técnica de las pruebas.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, argumentó que si el país permite el cierre del caso “fraude” todos los involucrados en el proceso electoral del 2019 quedarán absueltos de las acusaciones y pretenderán volver en algún momento a participar de un proceso electoral.
“En la elección (anulada del 2019) se hizo gastos económicos para el pueblo boliviano, hubo una lucha, una pelea, donde el pueblo boliviano tuvo que salir a las calles, donde el pueblo sufrió luto, dolor y muerte por nada más quererse quedar y perpetuarse en el poder”, criticó.
En base a un estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), la Fiscalía decidió cerrar el caso “fraude electoral", informe señala que no hubo manipulación de resultados en las elecciones anuladas de octubre de 2019.
El informe está firmado por Juan Manuel Conchado Rodríguez, docente con un doctorado en Ciencias de la Computación, y por dos estudiantes de la Universidad de Salamanca, Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez.
Los cívicos observaron que el Ministerio Público de forma unilateral entregó pruebas a los expertos de España, pero solamente las que favorecían a a una de las partes. “Entonces no se le ha entregado la totalidad de los cuadernos, ni la totalidad de la investigación, y tampoco se ha tenido acceso a los servidores, ni a la computadora del Tribunal Supremo Electoral”, cuestionó el abogado Camacho.
Criticó que no se haya tomado en cuenta el informe de auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) ya que sería un informe vinculante. hubo un convenio bilateral con el Estado boliviano. Además, fue apoyado por diferentes instituciones internacionales.
“El Ministerio Público ha obrado de manera unilateral violentando el debido proceso, el derecho a la igualdad de las partes y la legítima defensa. Desconociendo el procedimiento y además de incumplir los reglamentos, con los procedimientos para la elaboración de una pericia”, añadió el abogado Camacho.
/DPC/NVG/
