El aumento alarmante de los casos de violación, sobre todo a menores de edad, implica un problema de salud pública y mental. El Ministerio de Salud recién en esta gestión creó una unidad de salud mental con motivo de la pandemia del coronavirus.
El desafío está, indican los expertos en el tema, en encontrar políticas aplicables a nuestra realidad, o por lo menos cumplir con los parámetros internacionales contra la violencia sugeridos por los organismos mundiales, para enfrentar este tipo de delitos que cada vez está más presente en la sociedad.
Según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2006 a 2015 se registraron 18.118 casos de violación. Los departamentos que aglutinaron más casos fueron Santa Cruz con 38 por ciento, Cochabamba registró 19 por ciento y La Paz con 16 por ciento. No hay datos públicos en el INE de los últimos cuatro años.
Las propuestas de algunos sectores de la sociedad e incluso políticos van en el sentido de agravar las penas para castigar y persuadir a potenciales violadores que no cometan el delito, sin embargo, este tipo de medidas es indiferente para quienes abusan sobre todo de menores de edad.
La presidenta del Colegio de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro, señala que vivimos en un ambiente donde la violencia está en las canciones y en todo lugar, donde hay mucha pornografía, sobre todo pornografía infantil, en las redes sociales y en el internet, y estos son factores que coadyuvan a que haya más casos de violación.
“Todas estas cosas generan que las personas tengan distorsiones cognitivas, que no estén viviendo la realidad, y que piensen que el maltratar es bueno, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que tiene que causar dolor para que la otra persona sienta placer, y eso no es lógico, eso es una distorsión cognitiva y peor cuando sucede con niños”, manifiesta la profesional.
Agrega que en la sociedad hay muchos reforzadores sociales que no son los más adecuados y que están al alcance de todos, y “los mismos jovencitos viven investigando este tipo de situaciones, y van creciendo con la mentalidad de que este tipo de situaciones es normal”.
El médico siquiatra Juan Carlos Maldonado dice al respecto que la sociedad de consumo en la que vivimos, de dar rienda suelta a todo lo que son sensaciones somáticas, corporales, donde el valor está en la belleza, en la juventud, en el disfrute y en todo lo que tiene que ver con lo concupiscente, es otro factor que alienta las violaciones.
“Vivimos históricamente una época en la cual está prevaleciendo este tipo de objetos y esto de alguna forma está dando lugar a que las personas con estas tendencias, con esta proclividad sexual, sin límites y sin normativas, y con todas esas leyes que deben interiorizar y no lo hacen, se desborden”, refiere.
Indica que por el aumento alarmante de casos de violación que está existiendo en el país, se podría decir que “hay un problema de salud mental, en términos sociales y culturales, y se lo debe encarar como un tema de salud pública”.
Alfaro explica que existen agresores sexuales circunstanciales, inducidos por errados patrones de conducta, y los que nunca van a sentir nada de empatía por la víctima, por el contrario, dice, la van a responsabilizar por el hecho. Indica que para estas personas ninguna ley es persuasiva ni sirve para que bajen los casos. Alerta que el enemigo está más dentro del entorno familiar que fuera.
“Nunca van a reconocer que ellos son los culpables de algo indebido y van a echar la culpa inclusive al niño, que el niño quería, que él me ha provocado, porque si bien hay un razonamiento, es un razonamiento en el sentido de justificarse, y tal vez pueda tener rasgos o estructura de personalidad psicopática”, comenta.
En ese sentido señala que una ley simplemente es una normativa y las personas que cometen este tipo de delitos, sobre todo en caso de menores de edad, “por más que les den cadena perpetua, estas personas seguirán sintiendo cierto tipo de reacción sexual y eso no va a cambiar”, por el contrario, “van a buscar la forma de camuflarse para llegar al menor de edad”.
Dice que en este caso se trata de depredadores sexuales, personas van a buscar, por más que haya una ley, al menor de edad, y mucho más si es un menor que es vulnerable, “porque ellos son acechadores: miran, analizan; puede por ejemplo ser un profesor que está mirando que el niño no tenga padre, que son los más vulnerables, que el niño sea tímido, que no sea extrovertido, para poderlo manejar de mejor manera”.
El siquiatra Maldonado indica que, para este tipo de delincuentes, los fármacos como inhibidores del libido pueden ayudar, pero no resuelven el problema porque este tipo de tendencias en las personas, al entrar en actividades como la pedofilia, la necrofilia, u otros, “no son curables, especialmente si tienen que ver con la psicopatía, la sociopatía o tener trastornos disociales de personalidad, pero sí se podrían controlar por medio de un tratamiento”.
Para Alfaro, es difícil que una persona con ese perfil se retracte o cambié por más que haya sanciones o terapias. “En violaciones a menores de edad los casos no son circunstanciales porque ya hay distorsiones, el tema de sancionar una ley como la castración química no va a cambiar la libido que tenga la persona”, refiere.
Explica que en caso de que una persona haya violado, por ejemplo, a su hija menor de edad, es posible que encuentre la forma de violar a una sobrina.
Alfaro recuerda que los organismos internacionales ya sugieren que los temas de violencia, tanto a la mujer como a menores de edad, sean tratados a nivel de salud pública mediante políticas nacionales resultado de investigaciones, pero “en Bolivia no hacemos investigaciones”; y no se trata de una investigación del caso, sino una investigación en general, “sobre qué está pasando con nuestra sociedad”.
“Bolivia no se dedica a hacer investigación, y obviamente que eso nos va a dificultar para encontrar políticas aplicables a nuestra realidad, nosotros somos un país multicultural y eso también tenemos que analizarlo desde otras perspectivas y no tomar copias de otros países, como se ha hecho en algunas leyes, sino que tenemos que investigar para proponer cosas que realmente tengan sustento”, remarca la especialista.
Dice que el Estado también debería hacer prevención en estos casos, pero no se lo hace, y “simplemente nos abocamos al hecho del delito y del delito a la sanción, ni siquiera a la víctima, no reparamos, entonces no estamos cumpliendo ni con los parámetros que nos exigen a nivel internacional”.
Muestra de la poca atención a la salud mental de la población, añade, es que “no tenemos más que una oficina de Salud Mental en el Ministerio de Salud, que recién se está formando justamente por el tema del Covid-19”.
/ANF/
