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Seguridad

28 de junio de 2020 14:02

Caso Urzagaste: 57 meses en prisión tras un juicio con "muchas irregularidades inadmisibles"

“Yo lo único que pido es justicia, no estoy pidiendo que se me favorezca en ningún sentido, sólo pido justicia y que se valore correctamente las pruebas de mi caso, yo seguiré en mi anhelo de buscar justicia y no me voy a rendir”, apuntó en militar.

Urza Foto ilustrativa.

La Paz, 28 de junio (ANF).- El excapitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Yimy Urzagaste, lleva detenido 57 meses en la cárcel de San Pedro, sentenciado a 20 años de prisión en un juicio con elementos contradictorios y con más de 10 irregularidades en todo el proceso. La mayor evidencia en el proceso es la acusación que le hacen seis policías antinarcóticos que lo intervinieron, extorsionaron, según el denunciante, y finalmente éstos terminaron con medidas sustitutivas por robarse y alterar las evidencias de valor del caso. El ITEI ve en el juicio “muchas irregularidades inadmisibles”.

Urzagaste pide justicia y rechaza, según dijo, la manipulación de que fue víctima por parte del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, que lo primero que hizo, tras su detención, fue presentarlo ante los medios de comunicación como un “pez gordo” para sumar “éxitos” en la lucha contra el narcotráfico.

La situación del militar cada día que pasa se hace insostenible. Es padre de siete hijos a quienes no ve desde el inicio de la cuarentena, y tampoco les puede ayudar por la restricción de las actividades dentro del recinto.

Envió cartas al Ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en las que explica su situación, y hasta la fecha pasaron seis meses y no recibe respuesta. Presentó un Amparo Constitucional en el que plantea su “juzgamiento indebido”, pero dos días antes de llevarse a cabo la audiencia se inició la cuarentena y desde entonces no sabe nada de esta acción.

“Yo lo único que pido es justicia, no estoy pidiendo que se me favorezca en ningún sentido, sólo pido justicia y que se valore correctamente las pruebas de mi caso, yo seguiré en mi anhelo de buscar justicia y no me voy a rendir”, apuntó.

El militar además pide la cesación a la detención preventiva en su caso porque lleva 57 meses detenido y sin sentencia ejecutoriada. “El tiempo va pasando y yo sigo envejeciendo en la cárcel y mi familia sufriendo”, manifestó muy preocupado.

El ITEI (Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado) expresó su preocupación por el caso de Yimy Urzagaste, en el que advierte violación a los derechos humanos y “muchas irregularidades inadmisibles en lo concerniente a su juicio, desviándose éste de lo que es el debido proceso”.

El ITEI, que también hace seguimiento del caso, en una carta dirigida al fiscal general, Juan Lanchipa, el 3 de abril de este año, le solicita la urgencia de apresurar la evaluación de la apelación a la sentencia de 20 años de cárcel, a nivel del Ministerio Público, en el que se cometieron múltiples vicios procesales que dejaron en indefensión al acusado, y lo mantienen en una “detención arbitraria”.

“No hay ninguna justificación válida para mantenerlo en la cárcel (a Urzagaste) en la coyuntura actual, situación de peligro provocada por la pandemia del Covid-19”, señala el ITEI.

Urzagaste se encuentra detenido desde el 3 de septiembre de 2015. Cuando fue aprehendido, lo mantuvieron incomunicado durante 24 horas, negándole hasta el derecho a un abogado. Antes de que haya una investigación, fue presentado a la prensa por el exministro Carlos Romero como culpable, causándole daño a su imagen pública.

Quienes lo aprehendieron, afirmaron que Yimy Urzagaste había sido sorprendido “in fraganti” transportando en una avioneta 362 kilos de droga. La pericia de un especialista en aeronáutica demostró que la carga máxima posible para la aeronave era de 296 kilos.

Además, no existe ninguna evidencia fotográfica (ni de otra índole) que dé cuenta de la existencia de las drogas dentro de la avioneta. Tampoco se realizó el microaspirado a la aeronave, pericia fundamental en este tipo de casos. Urzagaste pidió que hagan una pericia al GPS de la aeronave para demostrar que él nunca salió del país con la avioneta, para trasladar droga, como se le acusa, pero le fue negado, así como las pericias a su teléfono celular para que verifiquen con quienes se comunicó. 

A esto se suma que los policías que lo detuvieron no actuaron con transparencia. Fueron imputados por “alteración o sustitución del objeto del delito”, motivo por el cual se les impuso detención domiciliaria. Y uno de ellos cumplió el rol de investigador y testigo a la vez. Pese a estas irregularidades Urzagaste sigue detenido. 

Por hacer pública las irregularidades de su caso, en un primer momento, Urzagaste fue víctima de intimidación y de amenazas de toda índole; el acoso llegó a tal extremo que lo llevaron ―bajo falsas acusaciones― a una zona de castigo dentro del penal de San Pedro (Muralla) y después fue trasladado por 10 días al penal de Chonchocoro.

“Y es que no sufre solo por él, sino también por su familia. Padre de 4 varones y 3 hijas, tiene una familia entera que se ve destrozada ante los injustificados y violentos castigos que una y otra vez le imponen, varios de sus hijos debieron ser sometidos a tratamiento psicoterapéutico”, señala el ITEI.

/ANF/

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