La Paz, 16 de mayo (ANF).- El Ministerio Público amplió las investigaciones del caso Montenegro en contra de varios jueces, entre ellos el exjuez y exdiputado del MAS, Franklin Garvizu Janco, por tráfico de sustancias controladas y otros delitos.
Además de Garvizu también serán investigados Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Joyce Lizeth Choquerive Sosa, magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Darwin Vargas Vargas, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (TSD); Juan José Paniagua, juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, y María Belén Laguna Rojas, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.
La ampliación es “dentro del caso SC-SCE-1900142 a denuncia de oficio contra Gonzalo Medina Sánchez, Fernando Moreira Morón, Robín Justiniano, Mauricio Higa Rodríguez y otros por el delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento”, refiere la resolución de ampliación fiscal difundida por Detrás de la Verdad.
Garvizu fue diputado por el MAS entre 2010 y 2015; el 2 de junio de 2017 fue designado como juez público civil y comercial del municipio de Yapacani, Santa Cruz, pero días después, a raíz de una serie de críticas, fue alejado de ese cargo.
Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el magistrado Hurtado, vocal Vargas, juez Paniagua y la abogada Laguna son sospechosos de tener vinculación con Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico internacional de drogas en Brasil y buscado desde 2015.
Mientras que la magistrada Choquerive es investigada porque haber filmado un spot de campaña para las elecciones judiciales de 2017 en una de las casas del acusado de narcotráfico. La magistrada admitió que estuvo en ese domicilio, pero aclaró que sostenía una simple amistad con los propietarios y negó conocer los antecedentes por narcotráfico de Montenegro.
Además, en este caso también se investiga la modificación del contenido del auto supremo 075/2015 que impidió la extradición de Pedro Montenegro, requerido por Brasil para ser juzgado por delitos de narcotráfico, hecho en el que también estarían implicadas algunas autoridades judiciales.
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