Palacio de Justicia de Santa Cruz. Foto: Fides
La Paz, 21 de abril (ANF).- El ciudadano peruano Renatto Cafferata Centeno lleva más de 8 años como detenido preventivo en el penal de Palmasola, sin que hasta la fecha se haya establecido su responsabilidad legal en la muerte de su enamorada, crimen por el que se le acusa. La sentencia de 30 años en su contra está en apelación y no se resuelve desde hace más de tres años.
Por las múltiples vulneraciones a sus derechos y al debido proceso en el juicio oral, Cafferata ganó en febrero de 2016 un Amparo Constitucional que pide el inicio de un nuevo juicio que garantice el derecho a la defensa y a la presentación de pruebas, sin embargo, los vocales, Sigfrido Soleto y Hugo Juan Iquise, de la sala tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, lo incumplen desde entonces.
“Lo que Renatto requiere es que se dicte Auto de Vista resolviendo la apelación restringida en base a la Sentencia Constitucional, y la Sentencia Constitucional dice que como se ha vulnerado su derecho al debido proceso, a la defensa y a presentar prueba, el juicio tiene que anularse, esa es la única forma en que el Estado boliviano y sus autoridades van a demostrar a este ciudadano que sus derechos constitucionales están vigentes y sirven para resolver su situación real y material humana”, manifestó el abogado constitucionalista, Paul Tolavi que defiende a Cafferata.
Tolavi contó que el caso ya fue al Tribunal Supremo dos veces, al Tribunal de Amparo en tres ocasiones, y el incumplimiento por parte de los vocales de la sala está produciendo un círculo vicioso.
Los vocales “han incumplido dos veces y las dos veces se les ha anulado por la vía de la Acción de Amparo Constitucional, pero todo eso ha llevado tiempo y esfuerzo y recursos, por el incumplimiento de estas autoridades”, apuntó.
En un audio que llegó a la redacción de ANF se le escucha a decir al vocal Sigfrido Soleto que él no cumple sentencias constitucionales que considera “aberraciones”, pese a que esta negativa constituye un delito penado con cárcel, de acuerdo a ley.
“Cuando yo veo que la resolución del Tribunal Constitucional es injusta, yo que soy juez y que soy la ley ¿voy a decir amén a eso? ¿voy a obedecerlo?”, se escucha decir supuestamente a Soleto.
Sin embargo, las denuncias presentadas en contra del vocal ante el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz y ante el Ministerio Público, no tienen avance. La autoridad, que tiene al menos 19 procesos en su contra por diferentes casos, continúa incumpliendo la ley y no existe autoridad que pueda cambiar esta situación.
Para Tolavi se trata de un caso sui géneris en la justicia boliviana donde un vocal es renuente a cumplir la sentencia, y esta situación es “muchísimo más grave porque hay alguien que está en la cárcel pagando injustamente una detención preventiva, porque hasta el momento no se ha determinado de manera legal y constitucional que Renatto sea culpable”.
Renatto Cafferata está detenido desde el 15 de enero de 2011. Fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la muerte de su novia. Una sentencia constitucional de febrero de 2016 lo favoreció anulando la pena de 30 años y pidiendo un nuevo juicio por las múltiples vulneraciones a sus derechos. Cafferata nunca pudo dar su versión de los hechos en el juicio oral, pero fue sentenciado.
El jurista indicó que todas las autoridades del país están de acuerdo en que la detención preventiva es dañina para la sociedad y para el Estado boliviano, “excepto a esta autoridad (Sigfrido Soleto) que no se digna en resolver el tema como tiene que ser”. Tolavi denunció retardación de justicia en el caso.
Para el jurista Pedro Justiniano, la justicia en Bolivia, y en particular en Santa Cruz, pasa por su peor momento, donde el Palacio de Justicia en esa capital es conocido como el “Palacio de Injusticia, no existe justicia para nada”.
“Son evidentes la creación de camarillas, de círculos viciosos, de incumplimiento de deberes formales; de todas las querellas que uno ingresa en el sistema judicial en Santa Cruz, en su gran mayoría son observadas mañosamente con el único fin de sacar un beneficio personal”, apuntó.
Dijo que el respaldo para que exista esto es que “ellos (las autoridades) son los administradores de la justicia y de la ley”.
“Ellos deberían ser los que den el ejemplo manejando con transparencia, aplicando las leyes y cumpliendo sus deberes, no enriqueciéndose ilícitamente con los beneficios a través del cargo, donde campea la impunidad, son entidades subterráneas que uno no las ve, pero las siente”, remarcó.
/ANF/
