La Paz, 15 de febrero (ANF). - El Ministerio Público pidió a la Contraloría General del Estado (CGE) auditar el contrato que hizo la Universidad Policial (Unipol) con dos empresas para el proceso de evaluación de los postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y Escuela Básica de Policías (Esbapol).
“Ya se ha pedido (mediante un) requerimiento a la Contraloría General del Estado para que realice la auditoría de los procesos de contratación con las empresas Anstrengung y Sipcoes”, informó la fiscal Edna Montoya.
Agregó que con la revisión de la Contraloría se podrá establecer si la parte contratante y contratados cumplieron con todo lo que establece la norma para este tipo de procesos.
Las cuestionadas empresas fueron contratadas por la Unipol para que realicen las pruebas de preselección y selección de los postulantes, y se conoce que específicamente estaban a cargo de realizar las pruebas cognoscitivas y psicológicas.
La fiscal señaló que también pidió al Comando General de la Policía hacer la auditoría a los contratos.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía establecieron que en la contratación de las empresas se registraron irregularidades, principalmente en el cumplimiento de requisitos porque ni siquiera contarían con los dos años de experiencia que se requieren.
Además, las empresas debían llevar con transparencia las pruebas, pero se descubrió que la mayoría de los exámenes de los postulantes fueron manipulados porque aquellos que reprobaron aparecieron como aprobados.
Según la Policía, unos 306 exámenes fueron manipulados y sólo 45 postulantes aprobaron sin pagar coimas.
Por estas irregularidades, 11 personas están detenidas preventivamente, entre ellas policías, representantes legales de las empresas, una médica y un asesor pedagógico.
Al mismo tiempo, según la fiscal Montoya, también continúan declarando otras personas, pero en calidad de testigos.
Asimismo, indicó que recientemente ampliaron la investigación contra dos personas que fungían como delegados del Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud.
Estas dos personas eran parte de la Comisión de Máxima Instancia, encargada de velar por la transparencia en el proceso de evaluación.
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