La Paz, 14 de julio (ANF).- El abogado constitucionalista Williams Bascopé responsabilizó a los funcionarios públicos, que llevaron la causa, por el fracaso en el arbitraje que obligó a pagar al Estado 42,6 millones de dólares de indemnización a favor de la empresa Quiborax, pese a que habían elementos que podían favorecer a Bolivia.
Bascopé dijo que en términos políticos “esto sería una alta traición a la patria” que hicieron los funcionarios en contra del país. “Y ante este supuesto hecho cobarde de traición, existen sospechosos que son funcionarios públicos y no podemos callar, porque al último el dinero salió de nuestros bolsillos para pagar esa suma millonaria, y nos vienen a decir de manera cínica y desvergonzada, que más bien sólo se pago el monto de 42,6 millones de dólares a una empresa trucha chilena”, escribió el jurista en su cuenta de Facebook.
El caso Quiborax, agregó, se recordará en nuestra historia como “uno de los casos más vergonzosos de cómo pueden transarse los intereses de un país por unas buenas monedas”.
El constitucionalista en su análisis dividió el caso en tres etapas: la primera para averiguar e identificar a los responsables de los que asumieron las políticas de privatización del Salar de Uyuni, que permitió la concesión a Quiborax. “Ahí deben responder los neoliberales, un grupo de conducta apátrida de políticos del ayer”.
Segundo: cuando se revocó la concesión a la empresa Quiborax, se dice que hubo un “error técnico” porque no era esa figura, y por esa razón la empresa demandó en Arbitraje internacional al Estado Boliviano y es razón por la que se llevará a juicio de responsabilidades al exmandatario Carlos Mesa.
Tercero: la defensa del arbitraje es otro escenario que debe ser investigado, porque “no se puede comprender cómo se rechazó una primera conciliación con el monto de 3 millones de dólares y posteriormente otra de 27 millones, para finalmente pagar un monto millonario de 42,6 millones de dólares”.
Pero peor aún, agregó, “uno no puede llegar a comprender que se develó que la empresa Quiborax y sus representantes falsificaron el acta de socios para justificar su arbitraje y cuando se descubrió esto, la pregunta surge: ¿por qué no se utilizó esto para la defensa del Estado?, pero al contrario, nuestras autoridades retiraron y desistieron presentar la acusación contra los falsificadores”.
También, y un hecho que agrava más la situación de la defensa, es que se tiene conocido que “varios documentos confidenciales, entre ellas un desistimiento de la fiscalía, salieron de una computadora de la Procuraduría con destino a los abogados chilenos de la empresa Quiborax”.
“Esto es muy alarmante, ya que se tiene conocido que en las propias oficinas de la Procuraduría del Estado Boliviano estaban no solo nuestros funcionarios públicos, sino también la parte contraria y que es en ese momento que se filtró esa información”, cuestionó.
Bascopé indicó que existen muchas preguntas que debe responder el gobierno del Presidente Evo Morales porque “de los hechos parece que hubo una suerte de mala defensa o un actuar intencional para favorecer a una empresa chilena”.
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