La Paz, 12 de julio (ANF).- La apoderada legal de la familia del exviceministro Rodolfo Illanes, Jalith Mariño, dijo este viernes que se analiza si se interpone una impugnación o un pedido de anulación del sobreseimiento emitido por la Fiscalía, en favor del coronel José Luis Araníbar (excomandante de la Policía de La Paz), el general Rino Salazar (excomandante de la Policía Boliviana) y el sargento Rubén Quisbertt, implicados en el caso Illanes.
“Vamos a ver si corresponde presentar una impugnación conforme al 324 del Código de Procedimiento Penal si es una resolución objetiva o de lo contrario vamos a solicitar la nulidad de la resolución en caso de que tuviera algún tipo de defecto que no pueda ser subsanado”, manifestó la jurista.
Informó que la Fiscalía aún no notificó a la familia con la resolución, por ello no conoce los argumentos planteados por los fiscales para tomar esta decisión en favor de los tres policías.
La abogada mencionó que una vez que le notifique tiene un plazo de cinco días para impugnar la decisión fiscal o activar el recurso que corresponda.
Los tres uniformados fueron procesados porque habrían incumplido con sus deberes al denegar auxilio o seguridad al entonces viceministro Illanes, que fue retenido por los cooperativistas mineros en Panduro y luego asesinado el 25 de agosto de 2016.
Salazar en su calidad Comandante de la Policía Boliviana y Araníbar como Comandante Departamental tenían a su mando el contingente policial desplegado en Panduro, lugar donde estaban movilizados los cooperativistas mineros.
Marcelo Tamayo, abogado del coronel Araníbar, refirió que a lo largo de la investigación demostraron que no había indicios para procesar a Araníbar, quien solo se apegó a cumplir sus funciones de Comandante Departamental en agosto de aquel año.
“Aquí se ha obrado con justicia toda vez que la actitud del coronel Araníbar ha sido estrictamente profesional, en apego a las funciones de Comandante en esa época, por lo tanto, no había indicios ni siquiera en esa oportunidad para pretender enjuiciar o encaminar un proceso penal contra el coronel”, refirió.
En agosto de 2016, se registraron varios enfrentamientos entre cooperativistas y policías en la zona de Panduro, durante las movilizaciones del sector minero, dejando un saldo de seis fallecidos, cinco mineros y el viceministro; varios heridos y detenidos.
La Fiscalía abrió dos procesos penales por la muerte de Illanes: uno en contra de 14 mineros y un abogado, el caso está en etapa de juicio oral; el segundo proceso fue contra los tres mencionados policías quienes fueron favorecidos con la resolución de sobreseimiento.
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