La Paz, 17 de julio (ANF).- El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó este miércoles que la advertencia que lanzó el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, a través de la prensa, es una prueba judicializada clara para pedir que sea condenado a 30 años de prisión por el delito de asesinato.
“Se ha adjuntado declaraciones públicas en prensa el 21 de agosto (de 2018) por cuenta de Franclin Gutiérrez, en la cual lanza la amenaza, indica que da un término hasta el 24 de agosto para que salgan (efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta - FTC) de La Asunta, eso ha sido judicializado”, apuntó el Viceministro.
“Es una prueba que se va a demostrar en su momento de que ya había una planificación, una intención de realizar una emboscada, de provocar muertes, en los propios términos, declaraciones públicas eso ha sido judicializado, es una prueba. Vamos al 24 de agosto, se cumple la prueba, él ha dado un término justamente ha sido el 24 de agosto para la salida de la FTC y cumple la amenaza porque hay una emboscada”, agregó.
Para Quiroga, el dirigente cocalero cumplió sus amenazas, planificó la emboscada y producto de ese ataque armado a los policías se registró siete uniformados heridos y un fallecido.
Dijo que para sustentar esto hay informes, declaraciones testificales, pericias, resultados de inspecciones oculares, exámenes médicos, que dan cuenta que la intencionalidad era organizar la “emboscada”, colocar “francotiradores en trincheras” y desde ahí “estaban matando a policías”.
“Toda esta prueba en conjunto es la que se está presentando y que se va a fundamentar la acusación y vamos a pedir la pena máxima (¿30 años de cárcel?) Sí, porque se trata de un asesinato”, aseguró la autoridad.
Gutiérrez está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde agosto de 2018, luego de ser apuntado como presunto autor intelectual de organizar grupos armados para una supuesta emboscada y ataque los policías que erradicaban coca en La Asunta. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron pruebas contundentes en su contra.
Al respecto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, refirió que los fiscales trabajan en este caso para emitir un requerimiento conclusivo para presentarla ante la autoridad judicial competente.
“El Ministerio Público cuando está en condiciones de sostener la autoría, la responsabilidad y demostrar en juicio es que entonces lleva adelante ese requerimiento conclusivo, están trabajando el equipo de fiscales en ese requerimiento conclusivo. El requerimiento conclusivo tiene que llevar adelante no solamente informes periciales, informes testificales, informes documentales (sino) una serie de elementos que puedan poner frente a la autoridad jurisdiccional en un juicio”, manifestó.
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