La Paz, 26 de junio (ANF).- Instituciones y activistas acusaron al gobierno por medio de un pronunciamiento público de exponer a los privados de libertad a las consecuencias mortales del Covid-19, como ya ocurre en tres recintos penitenciarios, siendo que esta situación se pudo haber evitado.
“En la situación actual, se puede acusar al Estado de tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso de tortura (en algunos casos). Ello por exponer a toda la población carcelaria a una situación de contagio y mortalidad que se habría podido evitar”, se lee en parte del pronunciamiento hecho público con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Las cárceles de Palmasola, en Santa Cruz; San Roque, en Chuquisaca; y, Mocovi, en Beni, son actualmente focos de infección del coronavirus con más de 100 contagiados y cerca de una veintena de fallecidos.
Los firmantes del documento expresan dos razones principales de preocupación en la coyuntura actual: la primera, la tortura invisibilizada por la cuarentena; y, la segunda, el hacinamiento en las cárceles y sus consecuencias.
Afirman que con el actual gobierno los hechos de tortura no han disminuido y con la cuarentena el control de la sociedad civil sobre el actuar de la policía ha sido limitado, pero aun así se pudo conocer de tres casos: el 26 de abril, 9 privados de libertad del Chapare fueron remitidos al penal de máxima seguridad “El Abra”, en Cochabamba, donde llegaron a ser agredidos física y psicológicamente por la policía; el 1 de mayo, en la zona de Senkata, El Alto, en medio de detenciones arbitrarias realizadas por la policía boliviana, un oficial de policía, tocó las partes íntimas de una mujer de pollera (detenida) mientras la subía al vehículo; y, el 11 de mayo, la población de la zona Sur de Cochabamba vivió la criminalización de su protesta social. 300 familias que salieron a bloquear las calles por la desesperación que les provocaba el hambre, fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balines.
Sobre el hacinamiento en las cárceles, las instituciones y activistas señalan que hoy en día, el Gobierno, la Asamblea Legislativa y “la justicia” “se vuelven culpables de tortura y otros malos tratos al tolerar (y promover) el hacinamiento en las cárceles de Bolivia. Ello sabiendo que el hacinamiento es una bomba de tiempo a punto de explotar, puesto que expone a las personas privadas de libertad al contagio del Covod-19 y, en consecuencia, a la muerte” porque no hay garantías sanitarias.
Refieren que hasta la fecha, las medidas de protección contra el Covid-19 han sido en su mayoría asumidas por los propios privados de libertad. Citan como ejemplo que en el caso de la cárcel de San Pedro, en La Paz, los barbijos y la bomba de fumigación fueron pagados por los propios internos.
Enfatizan que hay temas que los privados de libertad no pueden resolver por si solos, como las medidas de cuarentena para nuevos reclusos, la alimentación, que es pésima, y el hacinamiento que es una realidad en todos los centros penitenciarios del país.
“Esto significa que, aunque las personas privadas de libertad tratan de organizarse y de protegerse, frente a la magnitud de un problema multifactorial donde el hacimiento es el factor central, va ser en vano si el gobierno no se hace responsable de prevenir una posible explosión del contagio del Covid-19 en los diferentes penales del país”, apuntan.
Afirman que la única medida seria y rigurosa que ha tomado el gobierno, hasta el momento, “es la de reprimir las diferentes reacciones de desesperación en las cárceles”, como ocurrió en la cárcel de Oruro, el 11 de abril, ante el amotinamiento debido a la muerte de un privado de libertad.
La represión en Palmasola, el 11 de mayo. La muerte de un interno por Covid-19 motivó el motín de la cárcel más poblada del país. Y el 19 de junio, la muerte de un privado de libertad a causa del Covid-19 dio lugar a un motín en la cárcel de San Roque, en Chuquisaca, igualmente reprimido.
Remarcan que los privados de libertad “ya no están solamente afectados por la arbitrariedad judicial, ahora están amenazados de muerte, por lo que se han vuelto sobrevivientes luchando por su vida”.
Los firmantes exigen a las autoridades del Estado que asuman las medidas necesarias para la prevención de la tortura en concordancia a la Constitución y a los tratados internacionales que Bolivia ha firmado y ratificado, por el bien de la sociedad civil y del Estado democrático.
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