La Paz, 6 de abril (ANF).- Acusaciones fiscales mal elaboradas sin sustento ni pruebas llevadas a cabo en un ambiente de politización de la justicia terminan con detenciones preventivas automáticas, y las personas afectadas deberán pasar cárcel de uno a tres años, para finalmente ser sobreseídas por falta de pruebas. De esta forma, la fiscalía “juega con la libertad de las personas”, señaló el abogado Eusebio Vera. El jurista atribuye este actuar de la Fiscalía a la falta de formación de sus funcionarios y a la politización que se vive en todo el sistema de justicia.
“En estos casos lo que sucede generalmente es que después lo sobreseen, no encuentran elementos constitutivos del tipo penal y son sobreseídos, sin embargo, ya han estado uno a tres años en la cárcel estas personas, entonces ese es el perjuicio, por eso lo delicado del tema, se juega con la libertad de las personas”, señaló el jurista a ANF.
Según los tratados de Derechos Humanos y la Constitución boliviana “Toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario a través de un juicio”, pero eso no ocurre en el país donde la detención preventiva lo aplica el juez de manera oficiosa.
Vera dijo que esto no debería ocurrir en el Ministerio Púbico si se considera una institución seria, responsable, idónea, que dice ser técnico-científica, y que además cuenta con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para el acopio de prueba científica, sin embargo, parece que “no hacen uso del IDIF”.
Indicó que en los más de 13 años del gobierno del MAS -con Evo Morales- vio actitudes similares en la justicia boliviana, y uno de estos casos ocurrió cuando él fue abogado del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, donde incluso los fiscales sustentaban sus acusaciones en publicaciones de prensa.
Gutiérrez fue acusado de ser parte de la emboscada a un grupo de policías en La Asunta, donde resultaron un policía fallecido y siete heridos, sin embargo, él se encontraba en otro lugar, lejos de ahí, incluso según señalaron testigos. Pero para la policía, el fiscal y el juez Gutiérrez pese a estar en otro lugar pudo cometer el delito y fue enviado a prisión. Gutiérrez dejó la cárcel después de permanecer 15 meses. La fiscalía no pudo sostener la acusación por falta de pruebas. Y ahora ¿Quién le resarcirá el daño? Nadie.
“El Ministerio Público es una institución del Estado que tiene la función de investigar y perseguir los delitos, hechos que se hayan adecuado a una conducta criminal, en ese sentido debe adecuar su actuar en medios técnicos científicos, no se puede a estas alturas de la historia seguir manejando la versión de los dichos, de meras publicaciones o de mero subjetivismos, no”, enfatizó Vera.
Dijo que el sistema de justicia está volviendo a la vieja usanza de encarcelar primero a las personas supuestamente involucradas en un delito para investigar después.
Y es lo que ocurre en el proceso contra la expresidenta Jeanine Añez, donde el Ministerio Público no ofrece ningún elemento de prueba para acusar de instigación, sedición y terrorismo, pero el juez encarcela.
Otro caso que demuestra la falta de formación de los fiscales es el cometido en contra del abogado Oscar Pereira Mendieta, para quien la fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva. Pereira fue acusado de falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión pese a tener 25 años de ejercicio profesional como abogado y estar en el
Registro Público de la Abogacía (RPA) del Ministerio de Justicia.
La fiscal de materia, Jhenny Benitez Gonzales, que firma la acusación, no presentó ninguna prueba o elemento que indiqué que el abogado cometió algún delito, como una credencial falsa, ni se tomó la molestia de revisar el RPA. Pereira presentó una impugnación a la imputación fiscal y “felizmente” el juez le concedió libertad pura y simple, sin embargo, la fiscalía aun retiene su credencial de abogado, su celular y una agenda de trabajo. En Bolivia, contrario al estándar internacional, la persona imputada debe comprobar que es inocente.
A mi parecer, señaló Vera, para que un fiscal actúe así pasa por un conjunto de situaciones; primero, “lamentablemente se ha judicializado la política, existe sometimiento del poder investigativo, en este caso del Ministerio Público, hacia el poder político, también la justicia, el poder judicial está sometido al poder político”.
Y, en segundo lugar, dijo, pasa por la poca formación en actividades investigativas de los señores fiscales que están actualmente en el Ministerio Público.
“No son personas idóneas, no son personas capacitadas, no son profesionales que han tenido cursos en relación a investigación y generalmente van a probar sus primeras experiencias ahí (Fiscalía), lo cual va en perjuicio y en desmedro de toda la población, toda vez que los procesos se van cayendo en el tiempo, y eso es atribuible a la poca formación que tienen los diferentes fiscales que ahora están en el Ministerio Público”, apuntó.
/ANF/
