General Inchauste. Foto: Archivo
La Paz, 15 de agosto de 2022 (ANF).- René Villarroel, abogado del excomandante del Ejército general Iván Inchauste, presentará un amparo constitucional denunciando la vulneración de los derechos de su cliente detenido en la cárcel de San Pedro por las muertes de Senkata y Huayllani de 2019.
Detalló que la Sala Penal Segunda de Sacaba, Cochabamba, negó la apelación a la detención preventiva del general Inchauste, por esa razón alistan un amparo constitucional para hacer valer los derechos de su cliente.
"Vamos a ir al Tribunal Constitucional para que puedan resguardar los derechos constitucionales de acuerdo a la norma (…) En este caso se está vulnerando el derecho a un debido proceso, se está vulnerando la presunción de inocencia porque lo están tratando como si fuese culpable sin tener sentencia ejecutoriada, y también se están vulnerando los derechos a la legitima defensa, los jueces y fiscales no están actuando de acuerdo a procedimiento puede ser por presión política”, informó el abogado a la ANF.
Contra el general Inchauste pesan dos denuncias, la primera por los hechos en Senkata el año 2019 donde se investigan al menos nueve muertes de manifestantes que bloquearon la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de El Alto en protesta contra el gobierno de la expresidenta del Estado, Jeanine Añez.
La segunda denuncia es por la muerte de 10 personas en Huyllani, Sacaba, en Cochabamba, donde se registraron disparos de arma de fuego durante la intervención combinada entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
Son investigados por los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa en los que la pena máxima es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
El pasado 11 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas mediante un comunicado informaron que se activó el plan “Sebastián Pagador” para resguardar servicios públicos, ante la escaldad de violencia y hechos vandálicos que se suscitaron en la población con la finalidad de mantener y proteger las áreas y centros vitales del país.
El jurista denunció que la Fiscalía está realizando investigaciones a medias, es decir, que no se están procesando a los verdaderos responsables sino que se está encarcelando a inocentes que no tenían grado de decisión en noviembre de 2019.
“Mi cliente fue posesionado el 13 de noviembre de 2019 a las 16:30 donde asumió el cargo de comandante del Ejército y los planes a los cuales se refiere la Fiscalía como el plan “Sebastián Pagador” y otros se han ejecutado con los Comandos Estratégicos Operacionales Centrales porque ya estaban elaborados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general William Kaliman. Mi cliente no tenía la tuición de ejecutar esos planes porque él era comandante del Ejército. No hay una sola prueba que la Fiscalía haya presentado contra mi cliente", explicó.
En este sentido el jurista cuestionó que la Fiscalía a través de la Policía hasta ahora no haya dado con el paradero del excomandante de las FFAA ¿Dónde está Kaliman para responder por el grado de participación que tuvo en estos dos casos? ¿Por qué la Fiscalía hasta ahora no puede aprehenderlo? preguntó, toda vez que el militar está prófugo hace más de un año.
“La Fiscalía debería ver estrategias procedimentales para que puedan tratarlo de ubicar y que venga a declarar al país, lamentablemente se están haciendo investigaciones a medias. Imagínese si no está la persona que ha sido pilar fundamental para elaborar estos planes nadie está diciendo que no se investigue, más al contrario, que se investigue pero que se sancionen a las personas culpables”, afirmó Villarroel.
El abogado al ser consultado por las pruebas que presentó la Fiscalía contra su cliente, manifestó que es totalmente decepcionante porque sólo se presentó un extracto de llamadas de teléfono de su cliente y no presentaron testigos ni otra prueba fehaciente que sustente la hipótesis del Ministerio Público.
Por su lado, la defensa del general presentó informes operativos donde no figura la firma del general Inchauste y un sumario informativo interno del Ejercito donde no se identifica a su cliente y tampoco se le da una sanción interna.
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