Cristian Mariscal . Foto: Archivo
La Paz, 19 de enero (ANF).- Este jueves se cumplen tres años de la desaparición del periodista tarijeño Cristian Mariscal. En el tiempo que ha trascurrido se han detectado numerosas fallas en el proceso de investigación, además de la liberación de los únicos sospechosos y una búsqueda paralizada; por lo que la familia anunció que elevará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer las irregularidades.
El pasado 19 de enero de 2014 una cámara de seguridad registró las última imagen de Mariscal, cuando salía de la discoteca en la que trabajaba en Tarija. Según la imagen se lo vio caminando hacia su auto.
Pero según testimonios, Mariscal posteriormente se dirigió a la casa de su expareja, Gabriela Torres Araoz, con quien había terminado la relación unas semanas antes de su desaparición. Las mujer declaró que Mariscal efectivamente fue a visitarla, pero dijo que ella acompañó al periodista hasta su coche por el estado de ebriedad en el que se encontraba. Esa declaración no coincide con la imagen que captó a Mariscal caminando sin inconveniente, ni con la declaración de las personas que lo acompañaron en la discoteca, quienes afirmaron que Mariscal no se encontraba en estado de ebriedad.
Posteriormente, la Policía encontró 13 manchas de sangre en el trayecto que va de la puerta de la casa de Torres a la salida de su domicilio, pero esos indicios fueron limpiados y rociados con pintura a un día de la desaparición. Sin embargo, las pruebas lograron ser recolectadas poco antes, pero se arruinaron cuando eran trasladadas de la policía al laboratorio fiscal del IDIF.
Otro indico solicitado por la defensa de la familia Mariscal, era el registro de llamadas, en el que se encontraron al menos 60 mensajes intercambiados durante la madrugada del 19 de enero de 2014 entre Torres y el que en ese momento era su enamorado, Grover Carranza.
Para esa solicitud se contrató al perito Facundo Olascoaga, pero nunca terminó el trabajo, por lo que intervino otro fiscal, Roberto Ramírez, quien ordenó un allanamiento a las oficinas de Olascoaga. Según el periódico El País, fue cuando esas pruebas también desaparecieron.
En agosto de 2015, un hecho podría haber dado mayores indicios. El auto de Mariscal, de marca Suzuki Samurai, cargó tres veces gasolina en varios surtidores y mediante un registro del B-Sisa fue identificado en una comunidad de Santa Cruz camino a Cochabamba. Pero el juez desestimó la prueba una vez más. Y es así que se presentaron una serie de “irregularidades en el proceso investigativo”, según dice la familia.
Sin pruebas consideradas por la justicia, el primer semestre del 2016 todos los imputados fueron sobreseídos, por lo que se dejó de investigar el paradero de Mariscal. El Ministerio Público ha negado que el caso esté cerrado, aseverando que se lo retomará cuando aparezcan más indicios. La familia dijo al medio local que es difícil encontrar indicios si actualmente nadie está investigando el caso.
El 5 de enero de 2016 el padre de Cristian Mariscal, Jaime Mariscal, falleció aquejado por la pena que le causó la desaparición, según relatan sus allegados y los colegas del joven desparecido.
El fiscal Gilbert Muñoz conoce el caso desde que se realizó la denuncia en 2014 y se lo ha vinculado mediante un supuesto “compadrazgo” con el abogado de la parte acusada, Rafael Gómez, quien a su vez es el padrastro de Torres, la principal acusada.
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