El analista político Paul Coca fue el más crítico, señaló que el gobierno de Arce fue netamente político y que usó a todo el aparato estatal para limpiar la imagen del Movimiento al Socialismo (MAS) y la de Evo Morales. Cuestionó la falta de independencia de los órganos del Estado.
“Ha sido una gestión netamente política, donde ha estado presente la narrativa del supuesto golpe de estado. Utilizando a todo el aparato que se encuentra a su disposición, llamase Procuraduría General del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional, Fiscalía General del Estado y otros para mostrar a la gente la postura que el gobierno ha adoptado”, indicó el analista.
Este lunes 8 de noviembre Luis Arce cumple un año de gestión, según el Viceministerio de Comunicación, el mandatario presentará un informe de evaluación de los primeros 12 meses al frente del país, después de su victoria electoral de octubre de 2020.
En ese contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes manifestó que estas acciones muestran una vez más la injerencia por parte del Ejecutivo en los otros órganos del estado, con el objetivo de perseguir a los líderes de oposición y contra quienes no comparten con sus políticas gubernamentales.
“Lo que estamos viendo es la cooptación del gobierno a las instituciones, están sometiendo al parlamento, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y otras instituciones para salirse con el gusto de llevar una agenda política autoritaria y perseguir a la oposición", advirtió.
Por su parte, el diputado Juanito Angulo (MAS9 cuestionó esas declaraciones y negó que el Ejecutivo haya intervenido en las decisiones del sistema judicial. Defendió el trabajo que cada una de ellas hizo en el caso de fraude electoral y el proceso penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por el supuesto "golpe de Estado".
"El tema de la investigación es tarea del Órgano Judicial y no del Ejecutivo, las investigaciones que se han establecido de que no existió el fraude electoral es tarea del Ministerio Público y finalmente concluyó la Procuraduría General del Estado. Están confundiendo las atribuciones de cada institución con el fin de desinformar y confundir a la población", aseveró el legislador.
La Fiscalía jugó un rol “político”
Desde el 8 de enero, el Ministerio Público absolvió a 51 exvocales electorales, entre ellos están los extitulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz, Edgar Gonzales, Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte, investigados por las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
La primera resolución se emitió en La Paz con el sobreseimiento de cinco exvocales electorales, el 28 de ese mes se conoció una resolución similar por parte de la fiscalía de Santa Cruz. El 16 de febrero, en el departamento de Tarija y Chuquisaca se determinó absolver a las exautoridades. A partir de entonces, todos los implicados fueron liberados.
El ministro de Justicia, Iván Lima, siguió de forma exhaustiva ese proceso. Por ejemplo, el 14 de junio la autoridad difundió la resolución de sobreseimiento que emitió la fiscalía departamental de Oruro.
“Caso fraude, el fiscal departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a bolivianos”, escribió en esa oportunidad.
De forma paralela, la Fiscalía General del Estado encargó a la Universidad de Salamanca en España la realización de una "Pericia en el área de Seguridad Informática y Administración de Redes", sobre la integridad de los resultados de las elecciones de 2019 con el fin de establecer si hubo o no una manipulación.
Tras recibir el informe el 27 de julio, el fiscal general Juan Lanchipa, informó que los acusados en el caso fraude electoral fueron sobreseídos debido a que las pericias informáticas no encontraron indicios de irregularidades ni manipulación en los comicios de 2019.
"En estricta observancia e imparcialidad que rigen la función fiscal, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el artículo 323 inciso 3 del Código Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional hace unos momentos", declaró el funcionario.
Desconocen acuerdo y carácter vinculante de los resultados de auditoría de la OEA
El 10 de agosto el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, sostuvo que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) no fue vinculante, sino que “viene a ser un indicio más” dentro de la investigación.
"En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (...) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político", justificó Quispe.
Con relación al papel de la Fiscalía, el analista político Carlos Cordero, manifestó que esa instancia fue el brazo operador del Gobierno para descalificar a la oposición, con el propósito de que el MAS se convierta en un partido fuerte con miras a las elecciones de 2025.
“Todo el sistema de justicia es afín a los objetivos del Gobierno, uno de ellos es descalificar a la oposición política con el propósito de tener un partido y una imagen fuerte para que en las elecciones del 2025 le sean favorables”, dijo el experto.
El TCP no genera confianza
Sobre el actuar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la senadora de Creemos Centa Rek, consideró que esta instancia ya no representa a la democracia del país, mucho menos la población podrá tener confianza en esas instituciones.
"Ya no representan a la democracia boliviana, se ha sometido al Ejecutivo sólo a nivel formal figuran como órganos independientes como Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia. Son parte de lo mismo, están manejados por el Ejecutivo", precisó.
En la sentencia 052/2021 del 15 de octubre, el TCP puso en entredicho la sucesión de Jeanine Añez a la presidencia el 2019, al considerar aspectos que descartan que hubo un vacío de poder y que el mecanismo de sucesión "Ipso Facto" no se aplica en las cámaras legislativas.
"El TCP sentenció que la denominada sucesión ipso facto sólo se aplica para la Presidencia del Estado, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado (...) debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el Pleno Camaral, aclarando que este reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste (adjudica) el cargo de Presidente", dice un comunicado que emitió.
Pero, el 12 de noviembre de 2019, a pocos minutos de que Jeanine Añez se proclamara Presidenta dio su respaldo legal a la sucesión constitucional, en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2009 que se sustenta en la “vacancia” del presidente. Por lo tanto, en esa oportunidad el Tribunal Constitucional afirmó que debe aplicarse el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) para la sucesión constitucional.
Incluso, el magistrado del TCP Gonzalo Hurtado explicó los alcances del documento que había publicado mediante el cual se avaló la sucesión de Áñez tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de la convulsión social que se originó en las denuncias de fraude en las elecciones de ese año.
La Procuraduría realizó una revisión de actas “sin valor legal”
Con ataques frontales a la OEA y en cinco días, la Procuraduría General del Estado presentó el 15 de octubre los resultados de la revisión de actas electorales de las elecciones presidenciales anuladas de 2019 y descartó que haya existido “fraude” tal como denunció la oposición.
El trabajo comenzó el lunes 11 de octubre y terminó cinco días después con el apoyo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros, y con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, afirmó el procurador.
Tras conocer esos resultados, el expresidente Evo Morales celebró que el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado se hayan pronunciado, de forma sincronizada, a favor de su tesis de que hubo fraude electoral en 2019.
“Tribunal Constitucional sentenció que la autoproclamación de Añez fue inconstitucional. El Ministerio Público determinó que los vocales falsamente acusados de fraude son inocentes. La PGE comprobó con actas que (Luis) Almagro mintió. La verdad se impone: en Bolivia no hubo golpe”, escribió.
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