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Politica

15 de septiembre de 2022 15:54

Usaron estrategias judiciales contra tres líderes de Adepcoca para descabezar a los Yungas

Los dirigentes, Franclin Gutierrez, Armin Lluta y Freddy Machicado son los tres dirigentes que estuvieron al frente de Adepcoca.

1247d116-fb35-4ed4-81d2-ceba314c9652 Freddy Machicado, Franclin Gutiérrez y Armin Lluta, dirigentes de Adepcoca. Foto: Composición ANF.
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La Paz, 15 de septiembre de 2022 (ANF).- Desde el 2018, el Gobierno se empeñó en acorralar a los últimos tres dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, Armin Lluta y ahora Freddy Machicado, a través de procesos judiciales para dividirlos y descabezar al movimiento cocalero de los Yungas.

Los procesos fueron abiertos de oficio o a denuncia en contra de los dirigentes cocaleros, Franclin Gutiérrez que estuvo en la cárcel casi 15 meses, Armin Lluta no fue detenido, pero sí tenía un proceso en su contra, y Machicado que ahora fue detenido por seis meses. Los tres en diferentes momentos estuvieron al frente conduciendo protestas contra el Gobierno.

El actual dirigente de Adepcoca, Freddy Machicado, es el último de este trío de dirigentes “perseguidos y procesados”. Este miércoles 14 de septiembre fue aprehendido, trasladado a celdas policías, primero en La Paz y luego conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto.

Fue imputado por 15 delitos penales entre los que destacan instigación pública a delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones graves y leves, lesiones gravísimas, entre otros.

La Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) ejecutaron todo el trabajo en menos de 24 horas, es decir, lo aprehendieron, lo cautelaron y esta madrugada la justicia dictó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Durante seis semanas, los productores de los Yungas a la cabeza de Machicado, los dirigentes regionales y el comité de autodefensa liderizaron las movilizaciones en contra del Gobierno por permitir el funcionamiento de un mercado que funciona al margen de la Ley General de la Coca.

Hace dos años, en noviembre de 2020, el exdirigente Armin Lluta asumió la presidencia de Adepcoca, en agosto de 2021 fue imputado por presunta desobediencia a la resolución de una acción de amparo constitucional impulsada por Elena Flores, también afín al MAS.

No pudieron encarcelarlo, aunque también denunció que pretendían acusarlo de haber obtenido un título falso en la Universidad Mayor de San Andrés, cosa que tampoco prosperó por ser falso.

En septiembre, Lluta apareció golpeado tras la toma momentánea del mercado de Villa Fátima por el grupo de Arnold Alanes, aliado del Gobierno, con esa proximidad se permitió abrir un mercado “ilegal” de coca desde el 19 de junio lo que provocó todo el conflicto cocalero.

El 2017, el máximo representante de los cocaleros, Franclin Gutiérrez, se enfrentó al Gobierno de Evo Morales, en ese entonces ya advirtió que el mercado de Villa Fátima era el único autorizado legalmente para comercializar la hoja verde en La Paz.

El 2018, el presidente de Adepcoca Franclin Gutiérrez fue detenido y enviado a la cárcel, acusado de ser el autor de la muere de un efectivo del orden, Daynor Sandoval. Hecho que se suscitó en una presunta emboscada a los efectivos que hacían tareas de erradicación de coca excedentaria.

En ese tiempo, el fiscal Fernando Atanasio informó que Gutiérrez era imputado por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte además de porte y portación ilícita de armas.

Permaneció en la cárcel hasta el 14 de noviembre de 2019, cuando recuperó su libertad. Pese a las solicitudes para revocar su detención preventiva nunca fue escuchado por la justicia, le ampliaron su detención con diferentes argumentos.

Gutiérrez reiteraba una y otra vez que era inocente, que cuando sucedieron los hechos ni siquiera estaba en el lugar, sin embargo, el Ministerio de Gobierno y la Policía lo acusaron de ser miembro de una “organización criminal” que operaba en los Yungas.

Sus bases no lo abandonaron y lo mantuvieron como presidente de Adepcoca; mientras estuvo en la cárcel el secretario de Actas Sergio Pampa se puso al frente de la organización, mantuvo la línea crítica y contestataria al Gobierno lo que hizo que se gane otro proceso legal.

En julio de 2019, Pampa fue aprehendido y el fiscal Gustavo Balderrama detalló que era investigado por los delitos de robo agravado, allanamiento de domicilio a sus dependencias, daño calificado, portación de sustancias explosivas o asfixiantes.

El 30 de septiembre de ese año la Fiscalía amplió la imputación en contra de Sergio Pampa en el mismo caso que era procesado Gutiérrez, por la muerte de Sandoval.

Hay un intento de descabezar al movimiento cocalero

El abogado Williams Bascopé manifestó en declaraciones a la ANF que se trata de una “estrategia judicial para descabezar” a la Asociación Departamental de Productores de Coca, que se ha convertido en un movimiento social de resistencia al Gobierno.

Está claro que existe una “persecución a los sectores contestatarios”, una “persecución jurídica y un sicariato político” de parte del Gobierno, a través de la Fiscalía y la Justicia. “Es un sicariato para descabezar a la Adepcoca”, sostuvo Bascopé.

Añadió que esta estrategia de descabezar a la organización cocalera de los Yungas pretende mostrarse como un ejemplo para reducir las protestas y desmovilizar a las bases de Adepcoca que exigen el cierre del mercado de coca ilegal abierto por el aliado del MAS, Arnold Alanes.

La intención es infundir “miedo, aterrorizar”, primero instalando varios procesos legales; luego investigando a los familiares para presionar y esto “es lo más aberrante”. Es difícil que un productor tenga que enfrentar cinco, seis, hasta 10 procesos, eso es imposible de sostener, dijo.

Bascopé también cuestionó que el Gobierno sea cómplice de la ilegalidad, al permitir que Alanes siga manteniendo la venta de coca de manera ilegal, a través de un mercado que no tiene autorización de funcionamiento porque la Ley General de la Coca solo reconoce dos mercados.

Dicha ley es precisa, señala que en el país hay dos mercados, el de Sacaba en Cochabamba y el de Adepcoca en La Paz. En una resolución ministerial se precisa que ese mercado está ubicado en la calle Arapata y avenida Ramiro Castillo en Villa Fátima.

Así, los ejecutivos de Adepcoca que se enfrentan al Gobierno han terminado procesados y muchas veces encarcelados. La Fiscalía tiene en la mira a al menos otros 14 dirigentes más. Los dirigentes advirtieron que tendrán reemplazos porque son 43 mil socios que defenderán a sus representantes.

/PP/NVG/





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