La Paz, 24 de mayo (ANF).- El director del Observatorio de Derechos Humanos, Rubén Darío Cuellar y legisladores de la oposición lamentaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita sus fallos con “extremada lentitud”, porque hace más de 12 meses que se presentaron peticiones respecto a la reelección indefinida y a la fecha no existe ningún pronunciamiento.
Cuellar dijo que es preocupante y lamentable que la CIDH actúe de manera “extremadamente irresponsable”, porque hace más de 12 meses, que esperan que el organismo interamericano asuma una decisión sobre la interpretación arbitraria de la Convención Americana de Derechos Humanos, para imponer la reelección indefinida.
Asimismo, observó que la CIDH no haya planteado de oficio una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo algunos gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras interpretaron el artículo 23 de la Convención solo con el objetivo de buscar la reelección presidencial, al margen de sus constituciones.
En octubre de 2017, los senadores opositor Oscar Ortiz y Arturo Murillo recurrieron a la CIDH para denunciar al Gobierno, los legisladores oficialistas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la violación del Pacto de San José de Costa Rica en su afán de repostular al presidente Evo Morales en 2019.
Murillo lamentó los “plazos muy largos” de la CIDH, incluso que pueden ser extemporáneos a situaciones de vulneración de derechos, considera que el organismo debiera priorizar los casos según la gravedad, “la afectación a la democracia es un tema realmente preocupante”, sostuvo.
En febrero de 2018, un grupo de legisladores de oposición demandaron al Estado boliviano y a varias autoridades ante la CIDH a la que le piden la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la anulación del fallo 084/2017 que establece la reelección indefinida.
Wilson Santamaría es uno de los diputados que impulsó la denuncia, se suma a las críticas sobre la “lentitud de las resoluciones”, aunque atribuye a la carga procesal que existe en el sistema interamericano, citó como un problema el presupuesto que en un 60% proviene de Estados Unidos, otro porcentaje de México y Canadá y el resto se distribuye entre los países miembros de la OEA, que incluso no cumplen con sus aportes.
“Por ejemplo, la sentencia de Nicaragua salió muy tarde, Lamentamos la lentitud, sin embargo, no hay peor gestión que la que no se hace”, sostuvo Santamaría.
Cuellar cree que la CIDH ha empezado a actuar de manera “política”, porque no es entendible que existiendo casos sobre una arbitraria interpretación de la Convención no asuma ninguna acción.
Insistió que la CIDH podía pedir la opinión consultiva a la Corte de oficio, para establecer los límites sobre la lectura que realizan los Estados al contenido de la Convención.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional interpretó que el artículo 23 de la Convención garantiza el derecho a la repostulación sin límites porque es un derecho de las autoridades electas, entre ellas el Presidente y Vicepresidente.
La CIDH el 5 de diciembre de 2018, atendió el pedido de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos de analizar la repostulación del presidente Morales tras la sentencia 084/2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego que se conoció de la habilitación del binomio Evo-Álvaro para las primarias de enero de 2019.
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