La Paz, 21 de septiembre (ANF).- El senador Rubén Medinaceli (MAS) manifestó que el “nerviosismo” y la “preocupación” está llevando al Ministerio Público a tomar decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, como pedir que se revele la fuente que filtró el audio sobre el caso del bebé Alexander.
“En la Fiscalía parece que hay muchas dificultades con este tema (del bebé Alexander), pienso que es el nerviosismo y la preocupación lo que hace que a veces tomen decisiones contrarias al ordenamiento vigente”, declaró el legislador.
En las últimas horas, el fiscal Ramiro Prieto solicitó a la red televisiva ATB que entregue el nombre de la fuente que proporcionó el audio de la jueza Patricia Pacajes en el que revela que el bebé Alexander no fue violado y que el médico Jhiery Fernández es inocente.
Además, relata que el primer error de la Fiscalía fue el informe forense de Ángela Mora, quien supuestamente tenía un vínculo con el Fiscal General ,Ramiro Guerrero, donde establece sin pruebas que el pequeño sufrió violación, posteriormente el Ministerio Público no pudo retractarse y mantuvo la versión de la violación y la culpabilidad.
Medinaceli considera que el requerimiento de la Fiscalía es “contradictorio a la Ley de Imprenta”; y demando que se actúe en el marco de las leyes. “Si la Ley de Imprenta prohíbe la revelación de la fuente así va a tener que ser, y la fiscalía por más fiscalía que sea no puede violar las disposiciones legales vigentes”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Jimena Costa calificó como un acto de amedrentamiento que la Fiscalía quiere ejercer en contra de los medios de comunicación y de los periodistas para evitar investigaciones como este “caso infame” de condenar a un inocente.
“El objetivo es querer amedrentar a un medio o a un periodista si no revela la fuente, de utilizar otra vez este caso que es infame para amedrentarlos, para que no se atrevan a hacer una denuncia aun cuando tengan una fuente confiable o cuando tengan pruebas”, sostuvo la legisladora.
Lamentó que el Ministerio Público esté más preocupado por revelar quién filtró el audio, que identificar a todos los involucrados que desde la fase investigativa no cumplieron su labor, no valoraron las pruebas y terminaron dictando una sentencia de 20 años contra Fernández.
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