La Paz, 13 de diciembre (ANF).- El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona manifestó que la encuesta de percepción ciudadana sobre la Defensoría del Pueblo refleja su conducta parcializada y política, en detrimento de la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía.
Una de las preguntas para conocer la opinión de los entrevistados fue: ¿Podría indicarnos qué opina sobre la Defensoría del Pueblo?, de 1.466 personas entrevistadas, 33% cree que “no cumple su función de proteger al pueblo”, similar porcentaje, 33%, opina que “actúa en función a los intereses de los gobernantes”.
Un reducido 20% cree que “protege a los más vulnerables”, un 7% opinó que la Defensoría del Pueblo “actúa en contra de las arbitrariedades de los gobernantes” y un 7% no sabe no responde, según la encuesta de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia.
Ticona acotó que esta percepción ciudadana se puede advertir cuando la Defensoría del Pueblo no se ha manifestado sobre la marcha de los indígenas de tierras bajas y cuando el Gobierno se negó a atenderlos; o cuando los trabajadores de AASANA fueron “relocalizados”, sin que esta institución los defienda.
“La encuesta refleja la conducta parcializada y de sometimiento que tiene la Defensora del Pueblo interina, sobre todo en relación a los intereses del Gobierno. Y también tiene una actitud de defensa de una estructura política más que del ciudadano”, sostuvo el legislador.
Considera que el 36% de las personas que creen que la Defensoría cumple su rol “pocas veces”, 31% “algunas veces” y 15% “en ninguna ocasión”, devela la “debilidad institucional” y la “falta de credibilidad” en una de las instituciones más importantes para la defensa de la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.
El legislador cuestionó “la falta de independencia, objetividad y sometimiento de la Defensoría al poder político del MAS”, situación que hace “daño” a la institucionalidad con la que se creó esta entidad el año 1994.
Ticona manifestó que la Defensoría se creó con el objetivo de velar por el cumplimiento de los derechos, para que estos no se violen y hacer frente las arbitrariedades y excesos del poder político que se caracteriza por vulnerar los derechos de las personas.
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