Elecciones Judiciales 2017. Foto:TSE
La Paz, 12 de diciembre (ANF).- La experiencia boliviana ha mostrado que las elecciones judiciales no son la vía para enfrentar el descrédito de la justicia si no se cumplen requisitos indispensables como la imparcialidad e independencia política en la selección de las candidaturas a magistrados de altas cortes, aseguró Ramiro Orías, oficial de programa de la Fundación Para el Debido Proceso, una organización regional dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina.
El jurista opinó que la elección judicial del pasado 3 de diciembre era clave porque “se esperaba contar con magistrados imparciales, políticamente independientes, que garanticen una democracia basada en la separación de poderes y garanticen las libertades”, sin embargo, el voto nulo y blanco evidencian que la ciudadanía no vio esas virtudes y valores.
En declaraciones a ANF explicó que varios instrumentos internacionales establecen como un derecho de la ciudadanía la independencia e imparcialidad de los jueces, que en Bolivia no habría sido garantizada e insistió que “no sólo es fundamental que un juez sea independiente, sino también que dé la apariencia de esa independencia”.
Dijo que la condición para asegurar que las altas cortes estén integradas por los profesionales más capaces e idóneos “es un proceso de selección transparente, abierta al escrutinio público y basado en los méritos de quienes postulan, no en sus vínculos con el gobierno u otros sectores de poder”.
Orías señaló que el voto nulo y blanco es una clara señal de la disconformidad ciudadana porque “el 3 de diciembre no hubo ausentismo, cerca al 85% de participación electoral, nos da la pauta que el resultado no es fruto de la apatía o la desinformación. Una amplia mayoría salió a votar, con un mensaje claro, que el sistema político debería reflexionarlo con mayor profundidad”.
Según su análisis, en un contexto de alta participación ciudadana, el voto nulo y blanco muestra la decisión colectiva de rechazo a los candidatos con aval político “con lo que se acentúa la distancia y desconfianza ciudadana frente al sistema de justicia”.
Insistió en que los resultados de la jornada electoral son una muestra de la insatisfacción ciudadana frente a la selección de candidatos realizada previamente por la Asamblea Legislativa. “Existe la impresión –y con el reciente fallo del TCP sobre la reelección se ha confirmado- que el proceso de selección de candidatos a las más altas cortes no contiene los filtros necesarios para prevenir la injerencia de los otros poderes públicos sobre las decisiones judiciales”, dijo.
El jurista, que siguió de cerca el proceso boliviano, dijo que no sirvió de nada que el Reglamento aplicado por la Asamblea Legislativa hubiera dispuesto un examen de conocimientos y la presentación de un certificado de no militancia política, si además no se contempló una política de conflictos de intereses. “Nunca se les pidió, por ejemplo, un listado exhaustivo de quiénes han sido y son sus clientes, sus contrapartes laborales y profesionales, y las sociedades comerciales y profesionales”.
Estas omisiones, sostuvo, se han puesto de manifiesto posteriormente cuando se evidenció que “varias de las autoridades electas cumplieron funciones de confianza política en el Ejecutivo, y eso no tuvo ninguna valoración. Incluso un par de magistrados electos han manifestado públicamente su adhesión y simpatía al gobierno”.
En su criterio, para cerrar un proceso de selección transparente y basado en los méritos, la entidad a cargo debió explicar en base a qué consideraciones decidió elegir a ciertos candidatos. Esta información sirve para comprobar que el ente seleccionador ha seguido sus propias pautas de evaluación de capacidades de los candidatos, limitando así la posibilidad de decisiones arbitrarias o tomadas sin la reflexión necesaria”.
Lamentó que el legislativo “ni siquiera respetó los mejores puntajes en varios de los casos. Se impuso la mayoría política de los dos tercios del oficialismo. Nunca se publicó el informe final de la preselección a cargo de la Comisión Mixta de Justicia”.
Orías recordó que actualmente la justicia boliviana se encuentra entre las de menor aprobación y confianza ciudadana en el continente, “según la encuesta regional Latino-barómetro de 2017, solo el 23% de los bolivianos confía en el sistema de justicia”.
En su criterio, se ha perdido la oportunidad de contar con magistrados imparciales, políticamente independientes, que garanticen una democracia basada en la separación de poderes y en las libertades ciudadanas además de “competentes profesionalmente, capaces de aplicar la ley ecuánimemente, con el liderazgo y capacidad para impulsar la reforma de la justicia, con la visión de construir una justicia transparente y accesible para todos”.
Pronosticó que mientras el país no encare de manera franca, genuina y decisiva la construcción institucional de una judicatura independiente, cualquier reforma de la justicia no será sostenible ni duradera y planteó la institucionalización de la carrera judicial y del Ministerio Público entre los retos pendientes.
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