La Paz, 26 de octubre (ANF). – “Causa sorpresa este tipo de actitudes, pero quien debe explicar estas decisiones judiciales son los administradores de justicia. Y seguro, quienes tienen que manifestarse son los denunciantes, que es el señor Carlos Mesa y su organización política, los que presentaron la denuncia de este caso (fraude electoral)”, agregó, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaria, tras conocerse que la Justicia dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso terrorismo.
Santamaría remarcó que es necesario conocer la posición de Mesa. “Será bueno conocer la impresión de los denunciantes”, afirmó.
El viceministro agregó que el Gobierno actual respetará la determinación, empero cuestionó que la Justicia obre al “calor de las velas como sopla pola política”. Pidió a la población sacar sus propias conclusiones.
“En términos operativos, las decisiones judiciales se deben cumplir y eso va hacer el Gobierno. Si se ordenó la anulación del mandamiento de aprehensión, se anuló el mandamiento”, dijo.
La autoridad agregó que este tipo de actitudes son muestras de acciones “revanchistas”.
La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Morales y en julio de este año resolvió imputarlo por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. El Ministerio Público señaló hizo las notificaciones al expresidente vía edicto y se aguardaba que la audiencia cautelar se lleve en esta semana.
Sin embargo, la defensa de Morales interpuso una acción de libertad y el juez Castro resolvió el sábado dar la tutela a Morales. Dicha autoridad judicial también el fin de semana determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión que pesaba contra el exministro de Justicia, Héctor Arce por el caso fraude electoral.
El fin de semana, también el juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro Quisbert, dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Héctor Arce Zaconeta, exministro de Justicia de Evo Morales, asilado en la residencia de la embajada de México.
De acuerdo a la defensa del exministro, la decisión se tomó "por no respetar el debido proceso y sus derechos constitucionales”.
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