La Paz, 16 de agosto de 2022 (ANF).- El funcionamiento de las asambleas departamentales de derechos humanos está en riesgo porque no cuentan con personería jurídica, sino que dependen del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, pero la pasada semana el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) desconoció a Amparo Carvajal como representante legal de la nacional para reconocer a Edgar Salazar, afín al Gobierno.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, alertó sobre la amenaza que se cierne en torno a la única institución dedicada a la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Situación que se produce después que Carvajal denunció que el SIN la retiró como representante legal de la APDHB y en su lugar inscribió a Salazar.
Salazar fue elegido en un congreso tildado de “apócrifo” por Carvajal y otros miembros de la APDHB, asimismo, lo acusan de ser afín al Movimiento al Socialismo (MAS) y alentar el paralelismo con el objetivo de beneficiar al partido de gobierno.
“La departamental de La Paz no tiene una personería jurídica propia, sino que tenemos que trabajar con la personería de la nacional y todo lo que suceda ahí, además, ha de afectar a las departamentales, porque si logran tomar la Asamblea nacional muy fácilmente después van a poder instrumentalizar y hacer desaparecer a las departamentales”, expresó Quisbert al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
Quisbert recordó que cuando Salazar se alzó con la representación de la Asamblea, éste advirtió, según sus palabras, que “iba a hacer todo el movimiento legal y posible para despojar a Amparo del cargo que tenía”.
En esa línea, la dirigencia paralela encabezada por Salazar aseguró que el próximo paso es tomar posesión de la instalación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) ubicada en avenida 6 de agosto de la ciudad de La Paz.
“Tenemos ya el NIT a nuestro nombre, tenemos nuestras actas de elección y posesión del congreso de la APDHB; en sí, tenemos toda la documentación. Nos falta recuperar algunas infraestructuras y lo vamos a hacer por la vía pacífica, tiene que entender que (Carvajal) dejó de ser presidenta de la APDHB el 2018”, dijo Salazar a la ANF.
Advirtió que en cualquier momento podrían ingresar a las instalaciones, pero lo que están buscando es que se les otorgue la transferencia definitiva del edificio. Para ello, se debe hacer el avalúo del costo del inmueble y después proceder a la inscripción en Derechos Reales bajo el nombre de la APDHB.
Por su lado, el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Beni, Bernardo Suárez, indicó que el daño provocado a la nacional repercutirá en las asambleas departamentales. “Nosotros no estamos pensando como departamentales, nosotros estamos pensando en el daño que se le está haciendo a la institución como derechos humanos, que es de la que nosotros dependemos y es la que nos está amparando”, mencionó Suárez refleja el Boletín Alerta Común de UNITAS.
Con relación a Salazar, precisó que es desconocido por siete asambleas departamentales de derechos humanos: Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca, Oruro, La Paz y Potosí. “Cuando este compañero (Salazar) hizo campaña vino a Beni. La primera situación que le dije yo es que ‘no estoy de acuerdo, porque lo que ustedes están haciendo es hacer una paralela para estar al servicio del gobierno’”, recordó sobre ese episodio.
Por su lado, Carvajal mencionó que todas las asambleas departamentales enviarán en próximas horas su apoyo a la nacional, en defensa del NIT. “Yo tuve que renovar el NIT. Porque es un NIT de más de 40 años y ahora nos lo arrebatan de la noche a la mañana por una persona que dice ser el presidente y pues se lo dan así en Impuestos. Todas las departamentales están mandando apoyo a su propio NIT, porque todas dependen de esta legalidad (…). La única que no depende (del NIT de la APDHB) porque sacó propio es la departamental de Cochabamba, después todas las otras asambleas departamentales dependen de este NIT”, explicó Carvajal.
A raíz de la decisión del SIN, la APDHB no puede entregar los aportes a las AFP y las planillas de pago al Ministerio de Trabajo de una única persona que trabaja en esta institución: el recepcionista. Todas las otras personas que trabajan en la Asamblea son voluntarias.
Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS es importante señalar que la Constitución Política del Estado, en su Art. 21, numeral 4 reconoce expresamente la libertad de toda persona de asociarse con otras, ya sea de manera pública o privada, con el único requisito de que los fines cumplan con el carácter de licitud. La naturaleza ampliamente permisiva de este derecho responde al rol fundamental que desempeña en cualquier gobierno democrático, que es la de garantizar a todos los miembros de la sociedad un rol activo y participativo en los asuntos de carácter público.
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