La Paz, 20 de junio (ANF).- Los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro admitieron este miércoles que sí negociaron una conciliación con la empresa chilena Quiborax por 3 millones de dólares, y de otra negociación el 2015 tras conocerse el laudo arbitral, ninguno prosperó y Bolivia terminó pagando $us 42 millones.
El ministro Arce manifestó que efectivamente hubo un intento de conciliación con la empresa Quiborax, pero que tras la revisión de la documentación se frenó ese proceso, porque se encontró un documento falsificado en la constitución de la compañía.
“Sí se abrió una posibilidad de negociación por 3 millones de dólares, en principio la empresa (Quiborax) quería la devolución de sus concesiones y pedían gran cantidad de ulexita, se hicieron consultas y eso era inviable. En algún momento se habló de cerrar el arbitraje por 3 millones dólares”, sostuvo Arce, tras el gabinete de ministros.
¿Pero qué pasó?, según la autoridad no habían las condiciones “prácticamente era imposible llegar a un acuerdo y pagarle 3 millones de dólares a una empresa que estaba en entredicho y con una persona que se declaró culpable (Moscoso), por eso la negociación no llegó a concretarse”, explica el ministro.
Su colega de Minería, César Navarro secunda esta posición “Hubo conversaciones nuestras, como gobierno se ha tratado de llegar a acuerdos, pero en la revisión de los documentos” se encontró “documentos irregulares”, detalla.
Pero en 2008, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio del pago de $us 3 millones, cuando Héctor Arce estaba al mando del Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales y designó a Héctor Arce como titular.
Según El Deber el “proyecto de acuerdo quedó suspendido por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (Bs 9,1 millones, para julio de 2008) con el Estado. Así lo revela el informe MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, elaborado por los abogados Leny Érika Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, en fecha 31 de diciembre de 2008, para el despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, dependiente del ministro Arce”.
Aunque el ministro de Justicia dice que el “problema” estuvo vinculado a un tema “societario gravísimo”, se había identificado la posibilidad de un acta falsificada en la constitución de la sociedad de la empresa. El caso fue denunciado para instalar un proceso del que hubo una persona condenada. “En esas condiciones era pues prácticamente imposible legar a un a acuerdo y pagarle 3 millones de dólares”, manifiesta.
La autoridad también revela que cuando se dictó el Laudo Arbitral el año 2015, también se inició “un proceso de negociación con la empresa”, no obstante sostiene que las condiciones de la defensa, es decir del Estado boliviano eran muy difíciles.
Piden que Mesa deje la “autovictimización”
Ambas autoridades, por separado, dijeron que el expresidente Mesa debe asumir su responsabilidad en el caso Quiborax y que no recurra al “show mediático” o la “autovictimización”.
En respuesta a la demanda que el exmandatario interpuso en la Fiscalía General contra ambos ministros, Navarro lo emplazó a responder en el ámbito jurídico y “no hacer autovictimización mediática”.
Lo responsabiliza porque Mesa no hizo las auditorías para determinar la nulidad de las concesiones otorgadas a la chilena Quiborax, argumento utilizado por esa compañía, por lo tanto dijo que no haga “show mediático o autorpoclamándose como abanderado de la oposición”, sostuvo el ministro de Minería.
Por su parte, Arce dijo que existen hechos “demasiado graves y complicados” atribuibles al también vocero de la causa marítima, por no cumplir ni las leyes ni los decretos supremos que dictó.
“No sé con qué autoridad puede hablar de incumplimiento de deberes cuando hay un clarísimo manifiesto de incumplimiento de él como hombre de Estado”, sostuvo Arce, al señalar que su defensa debe ser asumida no sobre discursos políticos sino sobre argumentos jurídicos.
Por otra parte, Arce calificó como una actitud no correcta que Mesa no haya contestado las preguntas en su declaración en la Fiscalía General del Estado remitiéndose simplemente a reiterar sus memoriales que presentó en anteriores días.
“Él tiene todo el derecho e hacer política ir con sus acólitos que lo vitoreen, pero hay un espacio jurídico una investigación”.
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