La Paz, 5 de abril (ANF). - Por separado, las alianzas Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) presentaron dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia Sanitaria. Ambas agrupaciones políticas consideran que esa norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y que tiene fines políticos.
La senadora de Creemos, Centa Rek, informó que este lunes se presentará una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre, bajo el argumento que la norma viola la Constitución, porque se superpone a las autonomías departamentales y concentra el poder en el Gobierno central.
“Es una ley que en realidad bajo el nombre de emergencia sanitaria no genera ninguna posibilidad de enfrentar la pandemia del coronavirus, sino que persigue fines políticos”, declaró Rek a la ANF.
Por su parte, los diputados de CC Carlos Alarcón y Marcelo Pedrazas informaron que el viernes 26 de marzo presentaron una acción de inconstitucional contra la misma Ley de Emergencia Sanitaria y observaron cinco aspectos de la norma.
Alarcón manifestó que el primer cuestionamiento es a la vulneración del derecho a la huelga y a la protesta del sector salud. Recordó que existe una sentencia constitucional que establece que de ninguna manera puede ser suprimido o eliminado el derecho a la huelga, porque utilizan la protesta para exigir mejoras en las condiciones laborales del sector salud.
Añadió que un segundo aspecto tiene que ver en la exclusión del sector salud del Consejo Nacional Estratégico que está conformado por autoridades del Gobierno central. “Si el sector salud no forma parte de ese Consejo, deja de ser estratégico, por lo tanto, contraviene la Constitución que garantiza espacios de participación de la organización civil”, aseveró Alarcón.
El siguiente punto que observaron es el artículo 28 de la norma que habilita al Ministerio de Salud la contratación de médicos que terminaron sus estudios en Bolivia o en el exterior. Según CC, el objetivo escondido detrás de ese artículo es abrir la compuerta para que todos los médicos que pertenecen a otros países sean contratados discriminando a los nacionales.
El cuarto punto de la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con las competencias de las entidades autónomas. En criterio de CC, viola las autonomías al convertirlo otra vez en una lucha netamente centralista y permitir tomar decisiones de forma vertical y no horizontal.
En el último punto, el diputado Pedrazas afirmó que identificaron que la confidencialidad plasmada en la norma no permite que los ciudadanos puedan conocer sobre las adquisiciones que el Gobierno realiza.
Los diputados de CC brindaron una conferencia de prensa conjunta con el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, quien manifestó que el Gobierno va en contra de los derechos de los profesionales de salud. Recordó que van 52 días de paro de actividades y continuarán con las medidas de presión.
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