La Paz, 1 de mayo (ANF).- La crisis política en el país se ha ido profundizando de manera sistemática, lo que ha desencadenado el debilitamiento de la democracia y de las principales instituciones del Estado. Los analistas políticos atribuyen este escenario a la visión populista del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
El centro del debate en el país está puesto en el estado de la institucionalidad democrática; para el politólogo Carlos Toranzo la respuesta es contundente: “Hace demasiados años que no hay instituciones en el país. No tenemos instituciones, menos aún instituciones democráticas”.
La separación o equilibrio de poderes simplemente no existe, argumenta el analista; “en todas las instituciones no hay ‘check balence’ (control, contrapeso), no hay equilibrio de poderes. Todo lo domina el Órgano Ejecutivo”, dice al referirse al Gobierno central.
“Evo Morales era el gran alcalde, era el dueño del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y del Electoral”, afirma, para explicar que los Órganos del Estado han funcionado supeditados al poder Ejecutivo.
En esta misma línea, el politólogo Franz Flores refirió a la ANF que “hay un proceso de socavamiento de la institucionalidad de los Órganos Legislativo y Judicial, que ha terminado por debilitar sus capacidades legislativas en un caso, y en su capacidad de imparcialidad en la administración de justicia”.
Por otra parte, tanto el exdiputado Víctor Borda como el exconstituyente René Navarro coinciden en que “ha habido un desprestigio institucional de todos los Órganos del Estado” y un “resquebrajamiento”, pero que no es atribuible al Gobierno del MAS.
Citan que ese proceso viene de la época de los “neoliberales”, aunque señalan que el deterioro en este tiempo se dio con la crisis del Órgano Electoral, a raíz de la detención de los vocales sin haber sido juzgados en un debido proceso; por la quema de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y porque se “prepararon” las condiciones para sostener un “fraude electoral” inexistente, según apuntan.
La división de poderes está lejos de ser una realidad postulan Flores y Toranzo; mientras que Borda explica que, si bien la Constitución plantea esta teoría, “no habla de una independencia absoluta, sino de (una) interdependencia”, es decir, que un Órgano realiza control sobre otro, aunque en la práctica no se aplica.
Una independencia de poderes que solo se queda en la teoría, porque lo que está apareciendo es un Estado de Derecho “politizado”, acota Flores, que se produce cuando un partido con una buena votación y legitimidad termina por “colonizar o dominar” a los Órganos del Estado.
Los últimos 14 años el país ha sido gobernado por un solo partido político: el Movimiento al Socialismo al frente de Evo Morales (2006-2019). Su primera victoria en 2005 fue con el 53,7%, el 2009 alcanzó una votación de 64% y en 2014 obtuvo 63%, récords históricos de votación en democracia; el 2016 perdió el referéndum constitucional que le dijo No a un cuarto mandato; aunque el 2019 fue habilitado con base en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señala que es un derecho humano el poder ser elegido repetidas veces, aunque sea consecutivamente.
Con esta amplia mayoría tuvo el control de todo el aparato público estatal del nivel central del Estado y los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que le permitió la gestión de normas y la fiscalización de acuerdo a la agenda de prioridades e intereses del MAS.
“Personajes que llegan con enorme popularidad a la presidencia llegan a ser presidentes gracias a la democracia, pero cuando están en el poder terminan socavando la institucionalidad democrática y de estas instituciones”, afirma el analista político Flores.
La Constitución reconoce cuatro órganos con la misma jerarquía
Bolivia ha adoptado para su gobierno la forma democrática participativa y representativa; el Estado se organiza y estructura a través de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, los cuatro tienen la misma jerarquía y su organización se fundamenta en la “independencia” y “separación” de poderes, reza la Constitución Política del Estado.
Una de las características de la democracia es precisamente la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos, en sus competencias, facultades y obligaciones, sin presiones ni intromisiones entre uno y otro Órgano del Estado.
El poder está distribuido en el Legislativo, que se constituye desde la voluntad del pueblo dado que elige a sus representantes, para que sus acciones se exprese a través de las leyes; el Ejecutivo, está encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad; el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares, y, el Electoral que administra el régimen democrático.
Estos Órganos no funcionan como islas, sino que deben coordinar sus acciones, pero respetando sus facultades específicas, según señala la Constitución. La idea de la separación e independencia de poderes ha sido concebida desde la democracia moderna para limitar el uso arbitrario del poder, salvaguardar la libertad y garantizar los derechos de la ciudadanía.
La Justicia al “ritmo” de los gobiernos de turno
Entre las gestiones 2020 y 2021, la Justicia ha mostrado su peor rostro. En este tiempo el Ministerio Público y las instituciones del Órgano Judicial se movieron como un “péndulo” que se inclinó dependiendo del Gobierno en ejercicio, lo que ha generado desconfianza en las instituciones llamadas a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019, estallaron una cantidad de procesos contra exautoridades, dirigentes del MAS y exfuncionarios del gobierno que estuvo al frente del Estado casi 14 años.
El tipo de acusaciones eran similares a las que ahora se hacen en contra de las exautoridades y exfuncionarios del gobierno de transición de Jeanine Áñez; Sedición, terrorismo, conspiración, corrupción, son las acusaciones, entre otras.
El Ministerio Público fue el actor principal en la apertura de investigaciones, incluso en algunos casos llegó a imputar a los presuntos autores de ciertos delitos. Se admitieron denuncias, se imputo; aunque después se cerraron los casos, se los declaró sobreseídos, y se dictaron otro tipo de resoluciones.
Hubo aprehensiones y detenciones, en algunos casos fueron enviados a la cárcel y en otros les dieron detención domiciliaria, pero el modo de operar del Ministerio Público y la administración de Justicia fue prácticamente el mismo en los diferentes periodos de gobierno.
La ley del Órgano Judicial establece principios “clave”; uno de ellos es la “independencia”, es decir, que la función judicial no está sometida a ningún otro Órgano del poder público; imparcialidad, que las autoridades se deben a la Constitución y a las leyes y que los asuntos de su conocimiento deben resolverse sin “interferencia” de ninguna naturaleza.
Otro principio es la “seguridad jurídica” que es la aplicación objetiva de la ley, es decir, que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y tengan certidumbre de los actos de la administración de justicia; también debe ser “idónea” que se rige por criterios ético-morales.
Principios que parecen estar lejos de la realidad. Flores argumenta que hay una tendencia al “procesamiento, encarcelamiento y persecución a exautoridades. Se arman juicios para su procesamiento, eso muestra un sometimiento del Órgano Judicial”.
Idas y venidas de la administración de justicia y la acción fiscal
Tras la crisis política devinieron las acciones judiciales por doquier. En contra del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera, de los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca; del exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna; del exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.
Se denunció al vicepresidente del MAS, Gerardo García; a la exjefa de gabinete de Morales que estuvo detenida en la cárcel; supuestos guerreros digitales también fueron enviados a la cárcel. La lista es larga, independientemente de que sean o no responsables de las acusaciones, el Ministerio Público abrió investigaciones a diestra y siniestra.
Contra el expresidente Morales se presentaron al menos seis denuncias. El “Caso Audio” por el que fue imputado por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Por los bloqueos durante la pandemia, por delitos de genocidio, terrorismo, delitos contra la salud (en este caso la denuncia era extensiva contra el entonces candidato Luis Arce, David Choquehuanca y otros).
La Fiscalía abrió de oficio otra denuncia en contra de Morales y otras exautoridades por delitos electorales, a raíz de los señalamientos de “fraude electoral" en las elecciones del 20 de octubre de 2019. El Ministerio de Justicia interpuso otra denuncia por el presunto delito de estupro, y otro por una supuesta relación con una menor.
El Gobierno de transición interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional por “actos inhumanos”, por las consecuencias que hubieran tenido los bloqueos durante la pandemia.
Este escenario se produjo en medio de amenazas del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en contra de fiscales y jueces. “Los vamos a perseguir como a delincuentes porque no merecen otra cosa, que piensen bien antes de beneficiar a un delincuente, personalmente me voy a dedicar a perseguir a aquellos jueces o fiscales que estén buscando hacer daño a la ciudadanía boliviana liberando delincuentes, no vamos a permitir aquello", sentenció.
Tras la asunción a la presidencia de Luis Arce (MAS), el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y los fiscales departamentales empezaron a borrar con el codo lo que habían escrito con la mano. Muchas de las exautoridades y presuntos responsables de la violencia generada, investigados e imputados fueron sobreseídos o los casos simplemente fueron cerrados.
Incluso, el Gobierno impulsó a través de su bancada en la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto presidencial de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, concebida para la liberación y exculpación de al menos 1.000 personas que presuntamente tienen cargos de manera injusta, iniciados por móviles políticos durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Un decreto que fue observado por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, que estableció que esta norma permite la impunidad por delitos graves y abusos. “Otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”, sostuvo.
El Ministerio Público cambió el rumbo de sus acciones, coincidentemente, después que el exministro Juan Ramón Quintana calificó a la Fiscalía de “floja y negligente”, por dejar que los “golpistas” se paseen por las calles. Ocho días después, activó la denuncia de la exdiputada Lidia Patty por el presunto “golpe de Estado” al gobierno de Evo Morales.
Emitió las ordenes de aprehensión contra la expresidenta Jeanine Áñez y contra varios de sus exministros. En cuestión de horas la policía ejecutó los mandamientos de aprehensión. Aprehendió y luego quedaron detenidos en la cárcel la exmandataria y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, acusados por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Los principales responsables, según la denuncia, eran Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, además de su padre, y otros militares y policías que pidieron la renuncia del entonces mandatario. La exlegisladora amplió su denuncia en contra de otras exautoridades.
Al momento, existen órdenes de aprehensión contra los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Defensa, Luis Fernando López y de Gobierno, Arturo Murillo. La demanda también alcanza a jefes militares y policiales porque se pusieron al servicio del “golpe”, pidiendo o sugiriendo la renuncia del entonces Presidente.
Contra Áñez además pesan cuatro proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades, hay otra demanda que no ha sido admitida por los hechos de violencia en Senkata y Sacaba, por una observación que puede ser subsanada y esta semana fue denunciada por la “irregular” sucesión presidencial.
También han sido denunciados los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán por presunto daño económico al Estado; el exministro de Obras Públicas y actual alcalde de La Paz, Iván Arias, también fue denunciado por un caso en Entel.
Borda sostiene que este tipo de actuación pone en entredicho la idoneidad de la Justicia. “No comparto la idea de que un juez que dicte a favor o en contra de una persona sea inmediatamente procesado o los detengan. Los órganos del Estado son independientes y solo obedecen a la Constitución, así no se construye institucionalidad en el país (…). Ellos son ambivalentes actúan en función del color político”, comentó a ANF.
Navarro sostiene que “lamentablemente la justicia se politiza” cuando los jueces y funcionarios judiciales creen depender de otras instancias y no respetan su investidura, es decir, subordinar la aplicación de la justicia por otro tipo de intereses.
Un escenario que parece derivar en un “círculo de venganza política”. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, sostiene que esta situación “pone de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno —un problema crónico que afecta al país— y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda de la justicia”.
“La falta de independencia del sistema de justicia boliviano se agravó durante los 14 años que Morales estuvo en el poder. El gobierno interino de Jeanine Añez no representó ninguna mejora. Por el contrario, presionó públicamente a fiscales para que favorecieran sus intereses políticos”, señaló en entrevista con ANF.
El TCP de avalar la reelección indefinida al visto bueno de la sucesión constitucional
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyo rol es ser guardián de la Constitución Política del Estado, ha dado señales de inseguridad a la ciudadanía. Un ejemplo claro es su decisión de avalar la reelección para un cuarto mandato del expresidente Evo Morales, amparándose en una interpretación sobre la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La interpretación a través de la cual el Tribunal Constitucional de Bolivia revocó el límite constitucional del número de mandatos, entendiendo que ello constituía una violación de los derechos humanos del entonces Presidente Evo Morales, es una aberración jurídica”, sostiene José Miguel Vivanco.
Tras la crisis política en octubre de 2019, que derivó en la renuncia, en noviembre, del entonces presidente Morales, del Vicepresidente, la Presidenta y primer Vicepresidente del Senado, el Presidente de Diputados y, luego de asumir Áñez la presidencia del Estado, el Tribunal Constitucional se pronunció en un comunicado reconociendo la sucesión constitucional de la mandataria.
Lo que también es cuestionado por el exdiputado Borda por este tipo de manifestaciones “basta ver la actuación descarada del Tribunal Constitucional Plurinacional que emitió una notita avalando una ilegal sucesión de Áñez”, señala.
La inseguridad generada por la Justicia data de mucho antes
Los problemas en la administración de justicia no son recientes, pero en la última década la crisis se ha acentuado generando inseguridad en la ciudadanía.
Casos que han durado más de una década, que luego se cerraron durante el cambio de Gobierno; otros, que pese a los muertos no existen sentencias ni culpables; gente que cumplió penas siendo inocente. Al final, los hechos quedan sin que sean plenamente esclarecidos y muchos en la impunidad.
Tras la asunción de Evo Morales a la presidencia (2006) y de activarse la denominada “Media Luna” conformada por los cívicos y prefecturas de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca se generó una serie de acciones legales en contra de líderes de la oposición. A muchos les abrieron procesos por delitos de corrupción, algunos terminaron refugiados fuera del país y retornaron en el gobierno de transición.
El caso del expresidente del extinto Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, fue uno de los primeros en los que la Justicia dio señales de su rol político más que legal, al obligarlo -a pesar de su edad y su estado de salud- a asistir audiencias en La Paz sin tomar en cuenta que la altura afectaba su salud.
Sus abogados, en ese entonces, pidieron a los fiscales que, debido a la enfermedad cardiovascular de su cliente, no fuera obligado a declarar en los 3.600 metros de altitud de La Paz. Pero lo forzaron y en octubre de 2013, durante una sesión judicial, sufrió un paro cardiaco y murió pocas horas después, en Cochabamba (ANF, 2016).
Se defendía en 73 procesos judiciales que le inició la Administradora Boliviana de Caminos desde el 2006. Pasaba gran parte del tiempo o asistiendo a audiencias o viajando de un lugar a otro del país para asistir a los juicios.
Un caso similar es el de Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, su caso es más que “simbólico” porque enfrenta 259 procesos desde 2015, por el desfalco a esa institución.
El periodista Andrés Gómez recientemente en un artículo de opinión publicado en el diario Página Siete, en un recuento de datos, sostuvo que Aramayo ha estado frente a 84 jueces, 91 fiscales, seis policías investigadores y 32 técnicos del Fondioc durante los 259 juicios que enfrenta.
“Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y campesino (Fondioc), debería figurar en el libro de récords Guinness como la persona que sufre más injusticias en el mundo”, dijo Gómez.
Otro caso emblemático es el referido al asalto en el hotel Las Américas (2009). Una intervención policial terminó con tres ciudadanos extranjeros muertos y una cadena de líderes cruceños detenidos. El Gobierno de Morales los acusó de separatismo, terrorismo, alzamiento armado, entre otros delitos.
El caso duró 10 años, en medio de acusaciones de extorsión a cargo del exfiscal Marcelo Sosa que huyó del país después de haber sido denunciado por algunos acusados de pedir sobornos a cambio de sacarlos de los procesos. En el Gobierno de transición las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público cerraron el caso.
Hay otros tantos que siguen en la impunidad. El caso Caranavi, la Calancha, Chaparina, Fondo Indígena, Barcazas, el caso del exviceministro Rodolfo Illanes y la muerte de tres mineros, el conflicto con Adepcoca que dejó el saldo de un muerto.
Las cárceles están hacinadas de detenidos preventivos, cerca a 18.000 personas están privadas de libertad. Los jueces y fiscales aplican la detención como una regla y no como una excepción, que es lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.
Una tras otra, las crisis del Órgano Electoral
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es una de las instituciones que ha atravesado las mayores crisis de institucionalidad. Ninguno de los dos periodos tras la aprobación de la Constitución generó confianza ni estabilidad. Los vocales que pasaron por esa entidad en los periodos 2010-2016 y 2016-2021 no terminaron su mandato de seis años.
El primer TSE conformado bajo el mandato de la Constitución fue el 2010, se eligieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional los vocales: Wilma Velasco, Ramiro Paredes, Marco Ayala, Fanny Rivas, Dina Chuquimia, Irineo Zuna, y Wilfredo Ovando fue designado por el presidente Morales, como representante del Ejecutivo.
Luego de una cadena de cuestionamientos a conductas que los vincularon con el Movimiento Al Socialismo, como la anulación de la agrupación política de Ernesto Suárez en Beni, cuestionamientos a la administración de las elecciones subnacionales y parcialización durante las campañas electorales a favor del MAS, todos renunciaron el 2015 como efecto dominó. Velasco dimitió alegando acoso por parte de sus colegas, le siguió Paredes suspendido producto de una investigación en su contra por participar de una fiesta del MAS en medio de la campaña electoral, luego renunció Ovando, después Marco Ayala, Fanny Rivas, Dina Chuquimia y el último fue Irineo Zuna. El TSE quedó prácticamente desmantelado.
Ese año la Asamblea Legislativa procedió a la elección de nuevas autoridades. Con los dos tercios de voto del oficialismo fueron seleccionados María Eugenia Choque, Katia Uriona, José Luis Exeni, Idelfonso Mamani, Antonio Costas y Dunia Sandoval como los nuevos vocales titulares. Lucy Cruz fue designada por Morales.
Exeni, Uriona y Sandoval renunciaron antes. El resto no terminó su mandato, su salida fue quizás la más desastrosa para la institucionalidad del Órgano Electoral. Acusados de favorecer al MAS, de no hacer prevalecer los resultados del Referéndum del 21F, por lo tanto, habilitar al exmandatario para los comicios de 2019 y presumiblemente de haber facilitado un “fraude electoral”.
Tras la renuncia de Morales, los vocales fueron aprehendidos, algunos enviados a la cárcel con detención preventiva; al retorno del MAS al Gobierno -de manera paulatina- los procesos han sido resueltos como sobreseídos. El Ministerio Público nuevamente actuó sin esclarecer plenamente el denominado “fraude electoral”, en cambio concentró su mirada en un nuevo caso, el denominado “golpe de Estado”.
A fines de 2019 se conformó un nuevo TSE que ha llevado adelante las elecciones generales y las subnacionales ambas golpeadas por una pandemia de Covid-19 y por las tensiones políticas permanentes a lo largo del 2020.
El organismo electoral cerró un ciclo maratónico de procesos electorales que no han parado desde el 2014 con la realización de la elección general, el 2015 las elecciones subnacionales, el 2016 el referéndum constitucional, el 2017 la elección judicial, el 2019 la elección general anulada, el 2020 nuevamente la elección general y el 2021 elección subnacional.
Para Franz Flores, el actual TSE se ha constituido en una de las pocas “instituciones idóneas, que no ha dado muestras de ningún tipo de parcialidad hacia ningún partido político. Y ese es un buen dato para la salud de la democracia”.
De populismos
Carlos Toranzo y Franz Flores coinciden en el análisis al señalar que una causa para el socavamiento de la institucionalidad democrática es el “populismo”.
“Es un rasgo de los gobiernos populistas. Gobiernos digamos caracterizados como liberales no harían eso, el populismo es el rasgo de la política en el siglo XXI (…). Este populismo trata de debilitar cualquier poder y tipo de sistema de mediación que le implique una especie de ruido con su audiencia”, explica Flores.
En su criterio, en los modelos populistas, los sistemas de representación carecen de todo valor, es decir, que la relación entre el líder y el pueblo es directa sin mediación de poderes intermedios. “Los líderes o caudillos establecen una relación directa con lo que ellos denominan el pueblo”.
Evo Morales -por ejemplo- mantenía esa relación de manera cotidiana y permanente, sus reuniones, las concentraciones en la entrega de obras, es un “liderazgo muy carismático y tan fuerte que puede bloquear las trayectorias políticas de sus propios diputados y senadores, si se portan mal”, detalla.
Toranzo postula que cuando “hay gobiernos populistas donde hay el dueño del poder se destruyen los valores democráticos y las instituciones, porque la única institución es del caudillo y Bolivia tiene larga tradición de caudillos y no de ciudadanos democráticos. Entonces, lo peor es la suma entre populismos y caudillos autoritarios, eso ha destruido lo poco que había como institucionalidad democrática”.
El exdiputado Borda, rebate esta visión, sostiene que en Bolivia la institucionalidad ha sido destruida por los “neoliberales”. “Si hubiera sido populista el MAS y caudillista, sin Evo Morales candidato el MAS no hubiera ganado las elecciones, lo que desmiente esa teoría”.
Para el politólogo Toranzo la clave es trabajar y cultivar los valores democráticos y construir ciudadanía democrática, lamenta que durante los últimos 15 años no se hayan fortalecido. “Se ha judicializado la política, por eso empecemos creando ciudadanía, creando valores democráticos, se tarda, pero se puede llegar”, afirma.
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