La Paz, 19 de diciembre (ANF).- La actividad del narcotráfico en el país, como todos los años, fue muy intensa en 2017 y muestra de esa realidad es que entre enero y noviembre se secuestró cerca de 236 toneladas de cocaína y marihuana.
Según la estimación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con ese trabajo se afectó en unos 40 millones de dólares a esta actividad ilícita.
“Hemos tenido grandes logros en secuestro de sustancias controladas, hemos batido récord”, celebró el director de FELCN, Santiago Delgadillo. El 2016 se incautó 149,5 toneladas de droga.
Bolivia, además de ser un país productor de drogas, también es un espacio de tránsito de sustancias ilícitas.
Las organizaciones criminales de Perú y Colombia, principalmente, en combinación con narcos nacionales, usan al país como parte de su ruta de traslado.
Los vuelos de “narcoavionetas” por espacio aéreo boliviano cada vez son más frecuentes, según denuncias de la oposición política.
Pero este año, la lucha antidroga y el exitoso resultado de ese trabajo no ocuparon los principales titulares de medios de comunicación, porque la revelación de vínculos familiares o de amistad entre narcotraficantes y algunos personajes de la política llamó mayor atención.
Uno de los primeros hechos que acaparó la atención mediática fue el caso de Jorge Pérez Ardaya, que era buscado por la justicia argentina por narcotráfico y es padre del exviceministro Jorge Pérez Valenzuela.
Pérez Ardaya se entregó a Interpol y fue trasladado a Argentina.
Luego se conoció sobre la captura en Brasil de Rómer Gutiérrez Quezada en posesión de casi 100 kilos de cocaína. Rómer es hermano de la diputada suplente del Movimiento al Socialismo, Amparo Gutiérrez, y exasesor de la concejala del MAS, Melody Téllez. Fue militante activo del oficialismo y de la organización “Che Guevara”. Esto también se evidenció con la publicación de una serie de fotografías de él con actuales y exautoridades del Ejecutivo, incluso con Evo Morales.
Otro caso que generó polémica fue la detención de Máxima Arias Calderón, hermana de la diputada del MAS, Adriana Arias.
Máxima fue encontrada en un domicilio de Santa Cruz en poder de 10,4 kilos de cocaína y luego fue condenada a 10 años de prisión. Se conoce que su hermano, de nombre Fermín, también está preso por narcotráfico.
Un nuevo hecho de narcotráfico que sorprendió fue la detención en Brasil de los bolivianos, Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo y Carlos Andrés Añez Dorado, con 480 kilos de cocaína.
El Gobierno identificó a Fabio como un pez gordo del narcotráfico y confirmó que es hijo de Carmen Lima Lobo, excandidata del MAS a la Subgobernación de la provincia Mamoré del Beni, y de Célimo Andrade, uno de los exjefes del Cartel de Cali.
En este escenario, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el otro joven detenido junto a Fabio, es decir Carlos Andrés, es sobrino de la senadora de oposición, Jeanine Añez, quien después llamó “canalla” a la autoridad.
Finalmente, otra noticia que llamó la atención fue la detención del presidente del club Real América, Pablo Ramos Lima, en Santa Cruz.
El sindicado fue acusado por legitimación de ganancias ilícitas y asimismo es investigado por narcotráfico. Aunque su familia aseguró que sólo es consumidor de drogas y no un traficante.
En este caso nuevamente salieron a la luz pública fotografías del detenido con personajes de la política, como el presidente Evo Morales, pero la atención se centró en una imagen del ministro Romero en la boda de Ramos Lima.
El 2014 Ramos fue propuesto para ser candidato del oficialismo. Sin embargo, fue marginado de las listas a diputaciones porque era investigado por lavado de dinero del narcotráfico.
El presidente Morales culpó a Estados Unidos por las continuas denuncias sobre narcotraficantes y sus nexos, mientras EEUU volvió a descalificar a Bolivia en su lucha antidroga.
Para el diputado opositor Tomás Monasterio, esta cadena de hechos demuestra que “el narcotráfico está de fiesta gracias a un gobierno que ha convivido y tiene vínculos estrechos”.
El legislador encabezó este año varias investigaciones de narcotraficantes y sus vínculos, lo que incluso le generó amenazas.
“Este año en lo personal ha sido muy duro para mí, por enfrentar al narcotráfico no sólo puse en riesgo mi seguridad sino de mi familia, recibí hasta amenaza de muerte (…) pero el 2018 vamos a continuar”, adelantó.
En cambio para el diputado oficialista, Edgar Montaño, “definitivamente Bolivia ha consolidado la nacionalización de lucha contra el narcotráfico con resultados excelentes”.
La nueva Ley de Coca reconoce hasta 22.000 hectáreas de cultivos de este producto en Bolivia.
Según un último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 2016 la cantidad de hoja de coca comercializada en los dos mercados autorizados (Villa Fátima y Sacaba) fue de alrededor de 22.000 toneladas, lo que equivale sólo al 58% de la producción total estimada.
Además, el 92% de la hoja de coca comercializada legalmente se efectuó en Villa Fátima y sólo el restante 8% se realizó en Sacaba.
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