La Paz, 26 de julio (ANF).- La plataforma ciudadana UNO conformada por más de 30 profesionales advirtió que el gobierno de Luis Arce continúa con acciones ilegales e inconstitucionales que acentúan el riesgo de desaparición del estado constitucional de derecho y la existencia misma de la democracia en Bolivia.
Que en esa línea se encuentran, por ejemplo, la detención ilegal y arbitraria de la ex presidenta constitucional interina, Jeanine Añez; de dos de sus exministros, de varios exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de otros exfuncionarios del gobierno de transición, sin respetar el ordenamiento jurídico, desdoblando ilegalmente los actos y privándoles de su derecho a la defensa, al debido proceso y la presunción de inocencia.
“La persistencia en negar un intento de fraude en las elecciones generales de 2019 y en querer involucrar, en un supuesto golpe de Estado, a la Iglesia Católica, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, sin cuya pronta intervención pudo haberse producido un baño de sangre que estaríamos lamentando hasta ahora”, dice el pronunciamiento de la plataforma.
Asimismo, señala que existe “persecución” de dirigentes de la oposición, que son convocados a declarar como testigos, con clara intención de incriminarlos en la comisión de supuestos delitos. La detención arbitraria de activistas pro-democracia, a quienes no sólo se les priva del derecho a la defensa y al debido proceso, sino que se somete a malos tratos, presiones y violencia física.
Por otra parte, observan que existe una “omisión intencional de todos los hechos en los que partidarios del MAS atacaron violentamente y cegaron la vida de ciudadanos bolivianos o abusaron de ellos. Las amenazas vertidas por distintos personeros del gobierno, de procesar a ciudadanos que disienten del MAS (…). La extinción de juicios penales en contra de militantes masistas que claramente cometieron atentados contra la seguridad y el orden público. En suma, la utilización de la justicia para la persecución política en su peor versión”.
Critican las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, que advirtió a los políticos con ser involucrados en el caso “tráfico de armas” si desinforman, o, la declaración, por el expresidente Evo Morales, de que la reconciliación sólo será posible si todos adoptan la doctrina masista.
“La advertencia de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia, sólo será aceptado por el gobierno y se le reconocerá carácter vinculante si satisface las expectativas del MAS y si incrimina a los medios que, según los masistas, mintieron al país”, señala el documento.
Sostienen que, en el tema de "la ocupación arbitraria de tierras, loteos, incendios y deforestaciones en la Chiquitanía, con claro y expreso involucramiento del expresidente Evo Morales".
Identifican como una "destitución ilegal e inconstitucional" de los vocales electorales departamentales y su reemplazo por nuevos personeros nombrados por el presidente Arce; así como los intentos de procesamiento a varios de sus miembros.
Citan el alineamiento gubernamental "con dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, caracterizadas por la conculcación diaria y permanente de los derechos de las personas". El despido selectivo de funcionarios públicos que no militan en el MAS o que se atreven a realizar comentarios críticos respecto a las políticas del gobierno.
"La retoma por el gobierno, de medios de comunicación social y la multiplicación de cuentas falsas en redes sociales, que emiten sistemáticamente sólo la versión oficial de los hechos, y esconden convenientemente hechos e interpretaciones que cuestionan el desempeño del gobierno y sus directivos".
Precisan que el uso abusivo del nuevo Reglamento de Debates en la ALP, que permite que los ministros que son interpelados, reciban sólo las preguntas amistosas de miembros de su propio partido, mientras que a los de oposición se les prohíbe preguntar e incluso hablar. Esta práctica insólita cercena la capacidad del Órgano Legislativo de fiscalizar y estropea la capacidad que debe tener éste de dialogar con el gobierno y con la propia sociedad civil
La plataforma ciudadana manifiesta que estos y otros hechos configuran de manera incontrovertible la voluntad gubernamental de eliminar la disidencia y la pluralidad, consagradas en la Constitución Política del Estado, y un afán de imponer un pensamiento y un proyecto único que eternice en el poder a un partido y a sus dirigentes.
En ese marco, la plataforma ciudadana Una Nueva Oportunidad (UNO) establece:
1. RECHAZA todas las actitudes de abuso del gobierno del MAS, que violan la Constitución, las leyes y los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y que restringen y/o suprimen los derechos consagrados para todas las personas en los mencionados instrumentos legales.
2. CONVOCA a la ciudadanía en pleno a mantenerse vigilante frente a estos atropellos, y a emplear todos los caminos constitucionales y legales que permitan revertirlos.
3. EXIGE al Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, actuar en el marco de la Constitución y las leyes y no someterse a las decisiones arbitrarias de quienes están en función de gobierno.
4. ALERTA a la comunidad internacional y a organizaciones internacionales de derechos humanos, sobre los hechos que se están suscitando en el país y pide su actuación en el marco de la normativa que rige la materia.
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