La Paz, 18 de septiembre (ANF). – En medio del panorama electoral del país, diferentes sectores y organizaciones civiles han manifestado que las propuestas de los partidos políticos no responden a las necesidades de la ciudadanía y representantes de algunas fundaciones consideraron que la libertad de expresión y las políticas de preservación de la biodiversidad deben ser los temas urgentes a tratar en la siguiente legislatura.
“Uno de los temas pendientes más notables tiene que ver con los derechos humanos, en los últimos años hemos presenciado un enorme retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación”, manifestó el responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas.
Desde la pasada semana se generó una polémica tras la censura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la difusión de una de las mayores encuestas hechas en el país rumbo a las elecciones generales de octubre próximo. Este hecho fue interpretado por algunos sectores como un atentado a la libertad de expresión.
“Es fundamental que la prensa pueda realizar su trabajo libre de descalificaciones y condicionamientos”, agregó Gandarillas.
A 31 días de las elecciones, se han llevado adelante procesos de socialización de las propuestas de los candidatos, muchas de ellas enfocadas en temas de salud, trabajo, acceso a la justicia, tecnología, industrialización, entre otras.
Además, “en el escenario actual, (es necesario poner como) prioridad la lucha contra el incendio de bosques a partir de medidas de reversión de las leyes que se modificaron en los últimos años para expandir agresivamente la deforestación, las quemas y los desmontes”, agregó el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
En este marco, se puso en la mesa de debate las políticas de distribución de tierras, los asentamientos y las normas de aprobación de chaqueos e incrementos de la frontera agrícola.
De igual forma para Gandarillas, en el campo del medio ambiente, “se debe promover la participación amplia en el debate sobre alternativas a las actividades más nocivas”.
Se necesita “construir escenarios amplios que tomen en cuenta a quienes tienen información, interés y preocupación por los efectos que las medidas ejecutivas y legislativas ocasionaron. (Hay que) recuperar el rol fiscalizador de la sociedad y de los demás poderes del Estado”, enfatizó.
En una siguiente legislatura, Colque también considera que se debe cancelar el proyecto de producción de biodiesel. “Los chaqueos y quemas se intensificaron en la Chiquitanía porque la Ley 1098 de aditivos de origen vegetal (2018), despertó la ambición de habilitar nuevas tierras para soya a partir de la campaña de verano 2019-2020”, sostuvo.
Plantea también suspender y auditar la distribución de tierras fiscales. “Esto significa paralizar de inmediato todos los actos agrarios de distribución y redistribución de tierras fiscales y llevar a la justicia todas las denuncias de tráfico de tierras y corrupción en el saneamiento y titulación de tierras”, apuntó.
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