Policías en conflicto cocalero. Foto: ANF
La Paz, 11 de agosto de 2022 (ANF).- La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de las fuerzas del orden en contra de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y la exhibición pública que hizo el Gobierno de los detenidos de ese sector.
“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derechos a la protesta pacífica. Preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones DDHH. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones”, dice el pronunciamiento publicado en red social Twitter.
El 19 de julio, los cocaleros afines al Movimiento al Socialismo (MAS) dirigidos por el dirigente Arnold Alanes, abrieron un nuevo mercado “ilegal” de coca con el aval del Gobierno, en la calle 1 de Villa el Carmen. Esta decisión causó molestia ente los productores de la hoja verde por lo que decidieron movilizarse desde el 1 de agosto.
Desde la pasada semana hubo fuertes enfrentamientos entre cocaleros y efectivos del orden que no dudaron en usar de forma excesiva gases lacrimógenos para proteger el mercado "ilegal" que funciona con el silencio de las autoridades gubernamentales.
Este martes 9 de agosto, los cocaleros nuevamente se movilizaron y se enfrentaron a la Policía exigiendo el cierre de ese centro de abasto. En la refriega 24 productores de coca fueron detenidos y conducidos a celdas policiales. Los dirigentes denunciaron que fueron golpeados y "torturados" durante su detención.
Al día siguiente, muy temprano el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó públicamente ante los medios de comunicación a los 24 cocaleros detenidos, entre hombres y mujeres, a quienes la autoridad los calificó de “delincuentes” vulnerando el derecho a la presunción de inocencia y al derecho a no ser expuestos a no ser que exista consentimiento.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que la Policía intentó obstaculizar la investigación sobre la situación de los cocaleros detenidos y, además, verificó que 11 arrestados tenían policontusiones por los golpes de los uniformados.
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