La Paz, 25 de mayo (ANF). – El expresidente Carlos Mesa afirmó este viernes que con la denuncia presentada en su contra por el caso Quiborax se confirma que el Ejecutivo impulsa una estrategia de demolición de su imagen por considerarlo un enemigo político y aseguró que el gobierno de Evo Morales vive en un mundo al revés.
“Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del gobierno del presidente Morales con relación a mí, la petición del Procurador General del Estado para que la Fiscalía inicie una investigación en mi contra en el caso Quiborax, que se añade a la investigación manipulada por la presidenta de la Comisión Mixta (Susana Rivero) por el caso Camargo Correa, les confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de mi imagen”, dijo.
Ayer, el procurador Pablo Menacho informó que el 22 de mayo pidió a la Fiscalía General abrir una investigación en contra de Mesa y tres de sus exministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque en su gobierno supuestamente se incumplió normas y eso derivó en la demanda internacional de la empresa Quiborax contra el Estado boliviano.
Sin embargo, “el Procurador ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo, en la desastrosa negociación llevada a cabo por la Procuraduría del gobierno del presidente Morales, que (ahora) obliga al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la compañía chilena Non Metallic Minerals-Quiborax, empresa que invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales en el Salar de Uyuni”, remarcó.
Asimismo, Mesa dijo que el gobierno de Morales funciona “en un mundo al revés” porque las nacionalizaciones que él hizo y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones, además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario; mientras la expulsión de una empresa chilena y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, deben ser investigadas y tipificadas como delitos.
Detalló que el Procurador lo acusa por haber promulgado la ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, que recuperó la reserva fiscal de la totalidad de la costra salina del Salar de Uyuni y que había sido reducida arbitrariamente en 1998 por la Ley 1854.
También me acusa “de haber expulsado mediante el Decreto Supremo 27589 de 23 de junio de 2004 a la empresa chilena”, sostuvo.
Pero aseguró que se decidió expulsar a esa empresa por negarse a dar información al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional, impidiendo las auditorias dispuestas por Ley.
Asimismo, se echó por “haber hecho declaraciones fraudulentas de sus exportaciones de ulexita extraída del Salar y transportada por ENFE, demostradas por las auditorias de Sergeomin y Comibol. Y, por la evidencia del daño económico al Estado y la contravención a normas del Código Tributario”, señaló.
Mesa denunció que el Procurador, al justificar su solicitud de inicio de un proceso, ha afirmado que su decreto fue “ilegal”.
Pero “es una mentira flagrante que contradice el texto de la Procuraduría que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional de 16 de septiembre de 2015 en su página 71, dice textualmente: Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (mi DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones…fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)”, destacó.
Por tanto, “si el gobierno del presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, apuntó.
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