La Paz, 11 de diciembre (ANF). – Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) insisten en que la presidenta transitoria, Jeanine Añez, debe aprobar o rechazar la Ley de Garantías Constitucionales que será analizada en la Cámara de Senadores, caso contrario anunciaron una denuncia por incumplimiento de deberes de la mandataria, informó, el diputado Édgar Montaño.
“Si no promulga o rechaza la Ley de Garantías que tiene 13 artículos, la señora Jeanine estaría cometiendo incumplimiento de deberes, porque esa es su labor promulgar o rechazar la norma”, remarcó.
Montaño indicó que si Añez envía la normativa al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para demandar la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sin aprobar o rechazar, el MAS alistará una demanda en contra de la autoridad.
El presidente de la Cámara de Diputado, Sergio Choque, agregó que, por ahora, el tratamiento de la norma está suspendida en Senadores, hasta lograr consensos con otros parlamentarios para su aprobación. Empero, reiteró que no se trata de una ley de la “impunidad”, como quiere hacer ver el Gobierno actual.
“La Ley de Garantías es el resultado de las mesas de diálogo que se hizo con la Iglesia, organismos internacionales y organizaciones sociales en el proceso de pacificación del país. En diputados ya se aprobado, ahora permanece en Senado para su tratamiento, queremos dejar en claro que no es una ley de la impunidad. Como MAS somos los primeros en exigir que autoridades que cometieron irregularidades sean sancionados”, señaló.
El diputado del MAS, Lino Cárdenas, acusó a los parlamentarios de “oposición” de buscar pretextos para rechazar la Ley de Garantías, además dijo que estos legisladores confunden a la población haciéndoles creer que se trata de una norma que favorece a las exautoridades como Evo Morales y Álvaro García Linera.
Sin embargo, dijo, que al contrario, la normativa reflejará a nivel mundial, la vulneración de derechos humanos que existe en el territorio nacional.
“Ninguno de los 13 artículos de la ley habla de amnistías, eso es un pretexto que utiliza la oposición para negarse a aprobar la norma. Esta Ley va a demostrar que en Bolivia hay vulneración de derechos humanos, como en las masacres en Senkata y Sacaba que acabó con muchos muertos”, enfatizó.
Cárdenas también se refirió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reporta que se cometieron delitos, violaciones y masacres durante los hechos ocurridos tras la convulsión desatada luego de los comicios del 20 de octubre en Bolivia.
El legislador indicó que el resultado de ese informe es vinculante e impulsa al MAS, a buscar la aprobación de la Ley de Garantías.
“Ese informe es una de las razones que impulsa a tener una Ley de Garantías porque en Bolivia, hoy por hoy no hay respeto a los derechos humanos. Hablamos de las masacres y conflictos que dejó dolor, luto en las familias bolivianos”, añadió.
Por su parte, el senador demócrata, Óscar Ortiz, manifestó que el proyecto de Ley de Garantías aprobado la semana pasada en Diputados, adelantó que su bancada rechazará la norma y apoyará al Gobierno, en procedimientos legales para evitar, que a pesar de la mayoría parlamentaria del MAS, no se pueda convertir en una ley.
“Hay que hacer notar que la comisión de constitución de diputados controlada por el MAS rechazó este proyecto de ley y siguiendo las instrucciones que llegan desde fuera de Evo Morales aprobaron indebidamente por otra comisión. La presidenta Jeanine Añez ha manifestado una posición clara, ella no va a promulgar esta ley, pero también esta ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional”, afirmó.
Desde hace varias semanas, el proyecto de Ley de Garantías genera debate en el Parlamento, unos afirman que es “una amnistía encubierta” porque elimina la detención preventiva para los exmandatarios Evo Morales, Álvaro García Linera, asambleístas y dirigentes políticos que generaron violencia durante la convulsión social después de las elecciones del pasado 20 de octubre.
El MAS, impulsores de la norma, sostienen que con esa ley se pretende resguardar la situación jurídica de quienes se sienten amenazados luego de la crisis vivida en Bolivia tras la dimisión de Morales.
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