La Paz, 10 de junio de 2022 (ANF). – El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó este viernes su indignación por la violación al niño de 11 años en el municipio de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz, y pidió que todo el peso de la ley caiga contra los presuntos autores y cómplices del vejamen.
El mandatario señaló que no hay forma de describir el sentimiento y dolor por el que pasa en estos momentos la víctima y la familia del niño. Manifestó que los ministerios de la Presidencia y Salud hacen el seguimiento a la salud del niño que este viernes ingresó en coma.
“Dolor e indignación, no hay manera de describir el sentimiento que nos embarga por lo sucedido con el pequeño, víctima de violación en Yapacaní, pero no basta con repudiar este tipo de hechos, impulsamos soluciones estructurales para que no vuelvan a repetirse. Todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices del hecho”, expresó Arce por su cuenta de Twitter.
El pequeño fue víctima de abuso sexual por cuatro de cinco hermanos que eran sus vecinos en el municipio de Yapacaní. Actualmente la salud del niño es crítica.
Entre tanto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, tiene sospechas de que un consorcio de jueces y fiscales encubre a los presuntos autores de la violación al niño, debido a que un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certificó en octubre de 2021 que la víctima no fue violada, pero contrajo una enfermedad grave.
“Eso es lo que queremos denunciar nosotros (que hay un consorcio). No es posible que, para ciertos casos, para defender delincuentes en el municipio de Yapacaní. Yo creo que, en esa situación, el Ministerio de Justicia tiene que poner su máximo empeño y si es posible los fiscales tienen que rotar cada cierto tiempo en nuestro municipio, en estos lugares para que no se acoplen a este tema de consorcio jurídico de fiscales, jueces y policías”, señaló Rojas.
El diputado mostró un informe del IDIF de octubre de 2021 en el que indica que el niño no fue violado, pero sí contrajo una enfermedad grave. El parlamentario sospecha que el IDIF, dependiente del Ministerio Público, emite certificaciones a la “medida del cliente”.
“Le damos la razón a la señora Nadia Cruz que dice que el IDIF es una institución negligente, nosotros desde acá les decimos que es una institución prepaga que está al servicio del cliente. El cliente decide qué informe le van a poner acá. Nosotros queremos llamar poderosamente la atención a los administradores de justicia”, denunció.
Asimismo, Rojas adelantó que se planteará un proyecto de ley sobre la castración química y la pena de muerte porque sujetos como el de Yapacaní no pueden seguir dañando a niños y mujeres.
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