La Paz, 13 de septiembre (ANF). – El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de una carta enviada al ministro de Gobierno Carlos Romero, expresó este viernes que está dispuesto a ser privado de libertad si es que su defensa del 21F, la Chiquitanía y los jóvenes, que atacaron las casas de campaña del oficialismo, amerita estar tras las rejas.
Sin embargo, Camacho negó de manera enfática que sea el promotor o auspiciador de los actos vandálicos, registrados el jueves en la ciudad de Santa Cruz, donde varias personas resultaron heridas por los golpes que recibieron de parte de los jóvenes movilizados con banderas cruceñas y del 21F.
“No convoqué a los jóvenes a salir a las calles y no los auspicié, y aunque sé que no es el camino correcto, los entiendo y comparto su dolor e impotencia, por eso le pido (ministro Romero), si es a mí a quien realmente quiere ver tras las rejas, no lo haga utilizando a estos jóvenes que no se lo merecen. No soy un delincuente y usted lo sabe, pero tampoco soy un cobarde y si defender la libertad de estos jóvenes, la Chiquitanía y el voto del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21F tiene el costo de mi libertad, lo asumo con honor”, remarcó el líder cívico en su misiva.
Aunque Camacho está consciente que la violencia no es el camino correcto, también pidió al Ministro ponerse en la posición de estos jóvenes, que supuestamente ven que su democracia está amenazada y su futuro en llamas, mientras el Gobierno sigue sin respetar el voto del 21F y tampoco quiere declarar desastre nacional por los incendios forestales en la Chiquitanía.
Consideró que lo registrado en la ciudad de Santa Cruz “fue una respuesta a una provocación evidente” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que llamó ayer a sus militantes a tomar las rotondas del segundo anillo en el marco de una actividad política y luego dicho acto fue frustrado por la movilización de los jóvenes cruceños.
“La juventud (reaccionó) molesta porque se siente impotente al ver que su democracia, aquella que recuperaron sus padres de manos de la dictadura, está en riesgo y que sus bosques y su futuro se queman, mientras el presidente (Evo) Morales y su partido, en una actitud de soberbia, extrema, no declaran desastre nacional”, insistió.
Romero afirmó que se garantizará una investigación transparente en este caso y “serán sancionados no solo los autores materiales, (sino también) quienes promovieron esta actitud vandálica de grupos separatistas que atentan contra la democracia y quieren reavivar viejas posturas, que lo único que hacen es incitar al racismo y la violencia”.
La autoridad gubernamental consideró que el ataque fue premeditado y lamentó que el Comité Cívico de Santa Cruz se quiera deslindar de cualquier responsabilidad.
Entre tanto, por estos hechos aún se encuentran aprehendidas nueve personas y la Fiscalía anunció que serán imputadas por los delitos de instigación pública a delinquir; asociación delictuosa; robo agravado; allanamiento de domicilio y sus dependencias; lesiones graves y leves; y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional.
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