La Paz, 19 de mayo de 2022 (ANF). – Tras los escándalos en el sistema universitario, el Movimiento al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) activaron acciones de fiscalización a través de Peticiones de Informe Escrito (PIE), para transparentar el manejo de los recursos económicos del Estado, incluso se alista una propuesta para regular la permanencia de los estudiantes en la dirigencia.
El diputado Héctor Arce (MAS) informó del envío de una PIE a las 11 universidades públicas del país para que respondan 22 preguntas en relación al manejo económico de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). Otra petición de informe, con ocho preguntas, se envió a la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).
“Esta PIE enviada a las universidades públicas como la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés de La Paz), como la Universidad Mayor de San Simón (de Cochabamba) y como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (de Santa Cruz) tiene por objeto obtener información para transparentar al sistema universitario”, declaró Arce.
La segunda PIE fue enviada a la CEUB para conocer los detalles relacionados a los docentes, asimismo, los sueldos, viajes, becas, para estudiantes, y sobre la permanencia de los estudiantes en las aulas, entre otros temas.
El parlamentario informó que la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA tiene un presupuesto asignado para este año, incluido saldos de las gestiones anteriores, de un total de Bs 26.142.000.
“En este momento todavía no estoy diciendo nada todavía. La próxima semana vamos a investigar. ¿Cómo se gasta estos 26.142.000 bolivianos? ¿Esa ejecución es transparente? ¿Esa ejecución cumple el Decreto Supremo 181 de contratación y bienes de servicios? ¿Por qué tanto interés en ocupar estos cargos de la dirigencia?”, cuestionó Arce.
Tras la tragedia en la universidad de Potosí donde cuatro estudiantes perdieron la vida en una avalancha, se reveló una serie de irregularidades de hechos de corrupción en el sistema universitario, por ejemplo, que el “estudiante y dirigente eterno”, Max Mendoza, cobró por algunos años más de Bs. 21.000 por mes.
Por otro frente, el diputado Marcelo Pedraza (CC) también activó acciones de fiscalización para llevar adelante una "profunda investigación" al sistema universitario, porque las universidades públicas no se pueden escudar en la autonomía para no transparentar el manejo de los recursos públicos.
Empezó solicitando información al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para que presente los datos de las universidades que han realizado su rendición de cuentas de manera anual, el legislador dijo que las universidades tendrían que presentar su rendición, si no lo hicieron podrían incurrir en incumplimiento de deberes.
Por otra parte, Pedraza envió PIE a la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier y a la Universidad Pública de El Alto, para que informen cómo manejan sus recursos las universidades, cuáles son sus POAs, cómo asignan los recursos a las Federaciones Universitarias Locales (FUL).
También ha solicitado información a la Confederación Universitaria Boliviana (CUB y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sobre el personal que trabaja en estas entidades, cuáles son las formas de designación, los cargos que ocupan los dirigentes y la asignación de recursos.
Dijo que toda la información servirá para tener un diagnóstico y será posible proponer proyectos de ley, que sin afectar la autonomía, se establezca claramente la forma de administrar los recursos económicos. "Se deben generar leyes para la transparencia de los recursos", insistió Pedraza.
Regular la dirigencia estudiantil en el sistema universitario
Mientras tanto, el diputado Edwin Rosas (CC) anunció la presentación de una propuesta al sistema universitario para regular la permanencia de los estudiantes al frente de la dirigencia estudiantil. El parlamentario señaló que no es factible que las personas se queden por varios años al frente de una dirigencia.
“Varios parlamentarios estamos preparando una propuesta para evitar que estudiantes que por diversas razones, sean éstos estudiantes antiguos, no tengan ese privilegio de ser dirigentes en la universidad. Se supone que los dirigentes tienen que tener cierta moral como para poder conducir a sus demás compañeros”, planteó Rosas.
El legislador opositor explicó que existen varios motivos para que un estudiante permanezca por varios años en las aulas universitarias, pero eso no significa que pueda abusar de ese cargo para cometer diferentes irregularidades y generar un daño económico al Estado.
Explicó que no se trata de un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino de una propuesta escrita que será entregada a las autoridades del sistema universitario.
Por último, el diputado Héctor Arce reprochó que un estudiante como Max Mendoza con 52 años de edad curse más de 200 materias y haya reprobado en más de 100. “Tenía un sueldo de 21.860 bolivianos por mes por más de 4 años. Ha cobrado más de 1 millón y medio de bolivianos de sueldo de manera ilegal, porque él no cumplía esos requisitos”, enfatizó Arce.
Ambos parlamentarios de la oposición y el oficialismo aclararon que la fiscalización y las propuestas para normar la permanencia de dirigentes universitarios están en el marco del respeto a la autonomía universitaria.
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