La dura lucha de los discapacitados no consiguió el bono, pero la actitud del Gobierno llegó hasta la ONU
Las personas con discapacidad en marzo emprendieron una caravana desde Cochabamba hasta La Paz, lugar donde permanecieron tres meses demandando una renta mensual de Bs 500. Sin embargo, luego de momentos de mucho conflicto y tensión, la sacrificada protesta fue levantada en julio sin haber logrado su cometido. Sin embargo, el caso fue debatido en el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que llegó a la conclusión de que la renta es un pedido legítimo.
María Angélica Michel
19 de Diciembre, 2016
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María Angélica Michel
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Entre una caravana desde Cochabamba hasta La Paz y una vigilia en la sede de Gobierno, la lucha de las personas con discapacidad, que demandaban una renta mensual de 500 bolivianos, se prolongó por más de cuatro meses. Pese al esfuerzo desplegado, el Gobierno no cedió y los manifestantes tuvieron que regresar a sus regiones con las manos vacías.
Sin embargo, más allá de la renta no conseguida, los discapacitados pusieron en evidencia su drama y exhibieron a un Gobierno que, entre los dirigentes, líderes de opinión y ciudadanía, fue considerado como insensible.
Ambos aspectos, la demanda de los discapacitados y el nuevo rostro del Gobierno, fueron exhibidos ante el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU en agosto de este año, cuando la dirigente Rosemary Guarita logró colarse entre las sesiones para explicar que su sector había sido violentamente reprimido al exigir una renta mensual. El comité concluyó que era una demanda “legítima”.
La lucha de los discapacitados comenzó en realidad en enero de 2016 con una vigilia en Cochabamba, aunque el 21 de marzo sus integrantes, reforzados con comitivas de los otros departamentos, integraron una caravana que partió rumbo a La Paz, ubicada a 379 kilómetros de distancia.
Es así que el 25 de abril, los discapacitados llegaron a la sede de Gobierno despertando la solidaridad de universitarios, colegiales, trabajadores, voluntarios, médicos y ciudadanía en general, quienes salieron a las calles a recibirlos con aplausos y muestras de solidaridad.
A los pocos días, una comisión ministerial consiguió un acuerdo de 42 puntos con personas con discapacidad que no habían participado de la caravana y en el que no se contemplaba el pago de una renta mensual; el acuerdo fue rechazado por los miembros de la vigilia, porque sus representantes dijeron que se trataba de personas del sector que eran funcionales al Gobierno y beneficiadas por este.
Los tres meses de lucha estuvieron marcados por enfrentamientos. La policía arremetió contra los manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua de los carros neptunos, provocando heridos entre los discapacitados, universitarios, activistas, además de detenidos y trabajadores de la prensa agredidos.
Los discapacitados intentaron en más de una ocasión ingresar a la plaza Murillo a fin de desarrollar un encuentro con el Presidente Evo Morales, pero fue imposible porque la Policía levantó un cerco, que en realidad fue una especie de jaula, alrededor de la plaza por 78 días.
También asumieron medidas extremas como las crucifixiones, extracciones de sangre. Además de colgarse de sillas de ruedas desde las alturas y desnudarse para mostrar sus heridas y laceraciones.
Asimismo trataron de conmover con medidas no convencionales. Enviaron mensajes en papeles en forma de avión que lograron atravesar las berras de metal puestas en el “kilómetro O”; tendieron un manto de flores al frente de la residencia presidencial; y se vistieron de basura porque dijeron que así los veían las autoridades.
En medio de su protesta también tuvieron que vestirse de luto; el 9 de junio dos personas con discapacidad de la vigilia de Cochabamba murieron atropelladas por una conductora en estado de ebriedad.
Fue una de las movilizaciones más largas en los años de democracia. En esos meses los resfríos, males estomacales, cansancio fueron parte de la rutina de la vigilia.
Debido al desgaste físico y emocional, muchos decidieron retornar a sus regiones. Incluso el dinero del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto sirvió para los que desertaron antes de tiempo.
Durante los últimos días detuvieron a personas que protestaban; tajearon las carpas; encarcelaron a un hombre con paraplejia acusado de haber violado una mujer con discapacidad intelectual; y encontraron un infiltrado de la Policía en la vigilia.
Ya con la movilización desgastada, el 29 de julio entre lágrimas y aplausos determinaran su retirada.
/MAMP/MVV/
Carlos Mariaca, activista por los derechos de las personas con discapacidad:
“La situación es más trágica en el área rural”
Carlos Mariaca, persona con discapacidad que lleva décadas luchando por los derechos de esa población, sostuvo que al Gobierno le hace falta desarrollar un criterio social, sensibilidad y conocimiento real de las necesidades de las personas con discapacidad en Bolivia, para una implementación adecuada de las políticas.
Señaló que temas como salud, inserción laboral, inclusión, educación y el pago de un bono mensual, son parte de una agenda pendiente que es incumplida por quienes tienen esa responsabilidad. Dijo que son demandas tangibles y latentes, primordialmente en el área rural donde la población es dispersa e impera la pobreza y el abandono, por eso un bono de Bs 500 se constituye en una necesidad apremiante.
“La voluntad política carece de criterios sociales para tomar en cuenta, que aún la demanda es tangible y latente en toda Bolivia, aun es más trágica en el área rural donde la población es dispersa y la pobreza se invisibiliza en el abandono”, explicó.
Mariaca aseguró que queda pendiente que las bases sociales se organicen y mantengan un pronunciamiento legítimo, haciendo eco de las necesidades ante la Cumbre Internacional a realizarse en Santa Cruz en 2017 y que fue propuesta por el Gobierno ante Naciones Unidas.
Agregó que en caso de que no se concrete el mencionado encuentro, quedará develado un actuar discriminador por parte del Gobierno.
Otro pendiente es la rearticulación del movimiento de las personas con discapacidad y demandar el cumplimiento de los derechos constitucionales y de las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
