La Paz, 28 de julio (ANF).- La informalidad afecta hasta un 85 % de la población sumida en la precariedad por falta de dinero y por problemas de salud y educación, pero el gobierno de Luis Arce responde con “paliativos” y en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en la resolución de esos problemas mantiene un clima conflictivo, lanza “bombas de humo” y está en una “guerra política”, que puede agravar la situación de los bolivianos ya golpeados por la pérdida de familiares y empleos.
El análisis fue realizado en una charla de la ANF con los jóvenes analistas Guido Alejo, miembro de la comunidad Pukara; Evelyn Callapino, politóloga y feminista; Yara Espinoza, comunicadora, y Rubén García, estudioso de temas internacionales, bajo la moderación de la politóloga Estefani Tapia y el director de la agencia, Sergio Montes S.J.
Según Alejo, debido a la pandemia, la informalidad ha pasado de 62,5 % al 85 % de la población poniendo a Bolivia entre los peores países del mundo con ese índice. En ese contexto, dijo que el Gobierno si bien no puede hacer mucho, podría no agravar la situación de “precariedad” en la que ya vive la población no sólo en lo económico, sino también por falta de acceso a la salud.
A su juicio, mientras la “clase política piensa que gobernar es pugnar por el poder” y “copar más y más el Estado”, la gente que “se ve abandonada a su suerte” opta por la informalidad. Citó los excepcionales casos de los “qamiris aymaras” o ricos comerciantes que han desarrollado su lógica de eficiencia y con los que el Estado podría conciliar para tener una relación más productiva.
Además, para Alejo, los problemas políticos y la convulsión social solo empeoran las posibilidades de los sectores pobres que han perdido trabajos, cerrado emprendimientos y han sufrido por la muerte de sus familiares debido al virus del Covid-19.
Por ello pidió al Gobierno, las gobernaciones y alcaldías tomar medidas para aliviar la crisis con leyes de promoción económica que permitan una formalización o emprendimientos, objetivos, según dijo, afectados por la burocracia, los impuestos y las “obligaciones sociales” que son vistas como algo que trunca esos proyectos.
De su parte, la comunicadora Yara Espinoza criticó la guerra contra la oposición basada “en el discurso del golpe de Estado del 2019” y opinó que los bolivianos están afectados por la pelea dicotómica (golpe versus fraude) porque, a su juicio, eso demostraría que Arce no está enfocado en lo principal: economía, salud y problemas sociales. La “guerra política”, dijo, supone un desperdicio de recursos, dinero y tiempo de los bolivianos.
En ese sentido, señaló que en su rol de asesora en el Parlamento ha constatado que un 70 % de las leyes que se tratan “tiene que ver con la transferencia de terrenos” en el contexto de los conflictos por tierra en Santa Cruz, lo que mostraría cuál es la prioridad del Gobierno.
“En vez de que se hagan medidas económicas o que se apliquen leyes para transformar nuestro aparato productivo, lo que estamos viendo son leyes de transferencia de terrenos”, cuestionó.
Asimismo, observó que, para el gobierno, la reactivación económica es impulsar hidroeléctricas, “venta indiscriminada de tierras” y el centro de investigación nuclear, pese a que “las cosas no están lo suficientemente claras”, y cuando en paralelo hay una demanda de microempresarios por normas y herramientas para volver a abrir los negocios que han cerrado por la pandemia.
Además, lamentó que no hay un plan verdadero para salvar la educación del impacto de la pandemia y, en cambio, se lanzan “bombas de humo” para medir la reacción de la gente como, por ejemplo, el anuncio de retornar a clases vacunando a los niños con la vacuna cubana Abdala.
Espinoza lamentó que no haya “un proyecto o una visión de Estado que vele por el bien común”, que ni el oficialismo, ni la oposición tengan la posibilidad de generar una agenda parlamentaria coherente y que muchos proyectos de ley se presenten sin orden, ni coherencia, lo que a su juicio reflejaría un estado de “mediocridad colectiva”.
Rubén García: “Se está desangrando una herida y le ponemos curita”
García recordó que en el 2014 comenzó a decaer la economía apuntando hacia una recesión que terminó de hundir al país en 2020 hasta situarlo con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de -11 %, “la peor crisis de la historia”. La respuesta del gobierno a esa situación, según García, son medidas paliativas: “se está desangrando una herida y le ponemos curita”.
Cuestionó que la administración de Arce no otorgue herramientas que permitan al ciudadano como agente económico independiente encarar la responsabilidad de su propio desarrollo, sin esperar que el Gobierno “resuelva estos problemas porque, de por sí, ya es ineficiente”.
Asimismo, consideró engañoso el manejo de datos sobre el crecimiento del PIB que hablan de un posible 5,5 % o 4,4 % de crecimiento pare este año con la probabilidad de que se pague un doble aguinaldo cuando recuperar ese porcentaje sería una parte de la pérdida del 11 % de 2020.
“Pagar un doble aguinaldo en este contexto es absurdo, se va a generar mayor desempleo”, dijo para cuestionar luego que se hable de inversión pública de poco más de 4.000 millones de dólares en un contexto de déficit fiscal proyectado de 9,7 %.
En cambio, propuso la reducción del gasto público en el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías, que se discuta la flexibilización laboral para atajar la informalidad, se eliminen los cupos de exportación y se reduzcan los impuestos.
Acerca del plan de lucha contra el Covid 19, opinó que debía liberarse la importación de vacunas y que fortalecer el sistema único de salud es una decisión “absurda” porque se reafirma la centralización “ineficiente” cuando, a su juicio, debe avanzarse hacia al desarrollo autonómico para que cada región y municipio responda a la crisis según sus características.
En el tema de educativo, también dijo que el gobierno no trata con seriedad la consecuencia en la educación de la pandemia porque se ha agravado la brecha entre colegios particulares y fiscales debido a que la conectividad tiene un costo y por lo tanto ha crecido la desigualdad
La politóloga potosina Evelyn Callapino llamó la atención sobre el hecho de que pese a que muchos negocios han estado cerrados no se han aplicado reducciones tributarias agravando la situación económica de la gente, mientras que en paralelo se da la paradoja de que el Gobierno gasta Bs 970.000 en catering para la Presidencia y la Casa Grande del Pueblo y en el Parlamento se licitan sillas de hasta Bs 5.700 y teléfonos de más de Bs. 3.000.
“Dónde se van estos recursos cuando la gente está muriendo de hambre en la calle, están muriendo prácticamente, están ahí los niños peregrinando en el frío”, dijo Callapino al cuestionar que el gobierno y las regiones misma estén centradas en disputas internas políticas, sin ver la gravedad de los problemas que golpean a las personas.
El director de ANF sostuvo que el fenómeno de la pandemia ha evidenciado muchas más fracturas y muchas más debilidades estructurales e institucionales del país y agregó que deben ser atendidas por las autoridades, pero, a la vez, la misma sociedad también tiene que pensar en alternativas que estén acompañadas de propuestas “reales y realizables” para encarar las dificultades.
“Entonces, esto es una tarea bien complicada, no sólo en el tema económico, educativo, de salud, sino en muchos otros ámbitos; y el asunto es percibir si todo esto se agudiza, todas las dificultades que vemos se agudizan, la pregunta es a dónde vamos a llegar, porque esto no es tan sencillo de resolver”, dijo Montes.
Concluyó con que los problemas tienen una carga de décadas que dificultan muchas veces las salidas, pero expresó su confianza en que “también las apuestas, muchas veces pequeñas pero constructivas, pueden ayudar bastante” y pueden nacer desde la sociedad.
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