La Paz, 20 de marzo (ANF).- El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se sentó en el banquillo de acusados en el juicio civil en su contra, para responder a sus abogados, en su declaración se contradijo sobre los informes de las Fuerzas Armadas en la masacre de Octubre de 2003. La defensa de las víctimas por estrategia no lo interrogo.
Después de 14 años, Sánchez de Lozada se refirió a los hechos sucedidos en octubre de 2003, que terminó con un saldo de más de 60 muertos y cientos de heridos, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en la revuelta de ese año.
Una fuente informó que el exmandatario se negó a responder sobre los ataques militares a la población civil, al sostener que sus instrucciones a los militares tenían la intención de promover el diálogo. \"Nunca tuve una reunión ni di orden verbal alguna a efectivos militares en este caso\", respondió a una consulta de sus abogados.
Asimismo al referirse al accionar militar en el rescate de los turistas de Sorata por parte de las fuerzas armadas, que se saldó con cinco muertos (entre ellos la niña Marlene Rojas), Sánchez de Lozada aceptó en primera instancia haber recibido tanto informes militares como de sus ministros.
Inmediatamente, a objeción de uno de sus abogados, se detuvo la declaración y, luego de consultas de las partes con el juez, Sánchez de Lozada fue preguntado nuevamente si recibió algún reporte militar. El expresidente, en contradicción con su primera declaración, respondió lacónicamente que no, describieron desde EEUU.
La defensa de Goni intentó mostrar que en ese tiempo se hicieron esfuerzos por convocar al diálogo, para eso presentaron 15 cartas y notas enviadas antes del 20 de septiembre de 2003 y otras enviadas el 12 de octubre luego de las acciones militares que derivaron en la muerte de casi una veintena de personas en la ciudad de El Alto.
Asimismo presentó un documento suscrito en la noche del 12 de octubre, en la casa presidencial ubicada en la zona de San Jorge, por los dirigentes alteños de ese tiempo Braulio Rocha, Mauricio Cori y Juan Meléndrez y por Sánchez de Lozada.
Se trataba de un acuerdo para “traer paz a la ciudad de El Alto”, el mismo determinaba poner fin a las movilizaciones el 13 de octubre desde las cero horas. Para ese tiempo el número de muertos era en ascenso.
Gran parte de la declaración de Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de Bolivia a Estados Unidos producto de la revuelta popular en octubre de 2003, estuvo orientado describir su biografía, sus estudios y su carrera política.
Según los dichos del ex presidente, en algún momento de su gobierno, Quispe y Morales habrían dicho a la iglesia católica que lo único que querían era sacarlo del gobierno.
La defensa de las víctimas no lo interrogó relataron desde Estados Unidos. Cuando el juez James Cohn preguntó a los abogados de las víctimas si tenían preguntas, Paul Hoffman respondió que no. El expresidente, desconcertado respondió que no. Al parecer, como parte de su estrategia, los abogados de los demandantes decidieron no darle más tiempo a una declaración a un hombre mayor que no recordaba bien sus actos en 2003.
Entre los documentos presentados por los abogados del demandado, que el jurado pudo leer y analizar en la pantalla instalada en la corte, es la declaración de Gonzalo Sánchez de Lozada sobre el valor actual de su patrimonio, que es exactamente 55. 986, 372 dólares, menos del 10 por ciento de lo reportado por su venta de Comsur (su empresa minera) a la transnacional Glencore.
El juicio iniciado el 5 de marzo en los tribunales de Fort Lauderdale (Florida) es la etapa final de un proceso judicial que comenzó en 2007 y tiene también como demandado al exministro de Defensa de Bolivia Carlos Sánchez Berzaín.
/NVG
