El viceministro de Justicia, César Siles, se encargó de señalar ese extremo y afirmó que será empleado en los procesos ordinarios para esclarecer las muertes de civiles en Senkata y Sacaba, aunque también señaló que no se puede adelantar los alcances del mismo por un principio de confidencialidad.
“Este informe va a ser presentado en la proposición acusatoria que actualmente hay contra la señora Jeanine Áñez y dentro de los juicios ordinarios que se están sustanciando por las masacres de Senkata y Sacaba (...) Hay un principio de confidencialidad. No se puede adelantar nada todavía", remarcó Siles a los periodistas.
Sin embargo, horas antes de esas aseveraciones el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que aún no se referirán sobre los alcances del documento y si será usado o no en el proceso de investigación contra las exautoridades del gobierno de transición.
Incluso señaló que aún se están evaluando los alcances jurídicos que pueden tener este tipo de informes, tomando en cuenta que son de reciente aplicación para la investigación de un hecho complejo. Aseveró que el primer caso se desarrolló en México por la desaparición de más de 40 estudiantes en Ayotzinapa el 2014.
"La naturaleza jurídica de estos informes y los alcances están en desarrollo y son parte de una herramienta nueva de esa entidad internacional. El caso boliviano va a ser el segundo ejemplo, el primero fue de Ayotzinapa en México con la desaparición de estudiantes, por tanto son documentos que están en desarrollo", puntualizó.
El viernes por la noche, el grupo de expertos entregó el informe final de su investigación sobre los conflictos en el país entre septiembre y diciembre de 2019, al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce. Existe un plazo "mínimo"de 10 días para que el Gobierno haga llegar observaciones al GIEI, después de eso el documento se difundirá públicamente.
El secretario ejecutivo del grupo de expertos, Jaime Vidal, reiteró que el informe debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas, los cuales deben ser tomados en cuenta por las entidades que correspondan.
En ese contexto, la oposición consideró que el oficialismo empleará ese documento para continuar con su persecución política contra líderes políticos, tal como lo hizo hasta la fecha.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea dijo que el informe del Grupo de Expertos puede ser usado por el Gobierno para desatar una nueva ola de persecución. En caso de que esto suceda, acudirán a instancias internacionales a denunciar las acciones arbitrarias del Gobierno de Luis Arce.
Por su parte, la senadora de Creemos Centa Rek recordó que durante el Gobierno transitorio, la CIDH fue funcional al MAS. Esto debido a que entregaron un "informe sesgado" que ayudó al partido azul y a sus representantes a sostener la narrativa del supuesto “golpe de Estado”.
Revisión
Por otra parte, Lima adelantó que el documento será evaluado por él y el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, ya que ambos son representantes del Estado boliviano en el convenio que suscribieron con el organismo internacional.
En ese marco, dijo que esperan enviar los comentarios y observaciones al GIEI antes del plazo previsto; en caso de que no se efectivice tienen hasta el 5 de agosto para cumplir con el protocolo.
"Lo hacemos con el Canciller, los dos representamos al Gobierno de Bolivia para analizar el documento y llevar alguna precisión de acuerdo al protocolo. El Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores representan al Gobierno y vamos a cumplir el trabajo que nos encomienda el protocolo, lo vamos hacer lo más pronto y eficiente posible", enfatizó.
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