La Paz, 4 de diciembre de 2022 (ANF). - El Gobierno insiste en que el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo
Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Vicente Cuéllar, deben responder a la justicia por los
36 días de paro. Ante eso, el Comité Interinstitucional se reunirá la próxima
semana para analizar las denuncias que se tramitan en el Ministerio Público.
“En nuestro país, la palabra persecución política es la fachada para asegurarse impunidad ante las responsabilidades de violentar el orden legal, institucional y constitucional del país (…) Eso de creer y pensar que uno puedo llevar adelante medidas sin que tengan responsabilidad solo está en la cabeza de ellos. El Estado tiene sus maneras y formas para establecer justicia, esperemos que eso llegue antes o después”, manifestó el vocero presidencial, Jorge Richter.
Mientras tanto, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para evaluar las demandas judiciales. Hasta la fecha no fueron notificados con el inicio de procesos penales.
“La próxima semana nos vamos a reunir con el presidente del Comité Cívico para analizar estos procesos. Vuelvo a insistir (sobre que) no es una buena señal que se vuelva a judicializar las protestas. Nosotros hemos sido facilitadores y hemos cumplido el mandato del Cabildo”, afirmó el académico.
Autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa responsabilizaron, de forma separada, a estas autoridades por las pérdidas económicas, las muertes y agresiones durante el paro de 36 días porque fueron los que promovieron que la gente salga a las calles. Por tanto, es menester que rindan cuentas ante la justicia, sostienen.
Anteriormente, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, explicó que se admitieron tres denuncias contra los dirigentes en Santa Cruz y La Paz, mismas que aún están siendo evaluadas. Acotó que serán los fiscales quienes definirán la emisión de citaciones de declaración en contra de los investigados.
En ese contexto, Cuéllar manifestó que ellos solo acataron la decisión de la población que asistió al Cabildo del 30 de septiembre donde exigieron que el censo se realice en 2023. Espera que la justicia actúe de forma imparcial y no se judicialicen las protestas con reclamos legítimos.
El directorio del Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado expresando su “rechazo y repudio” a la persecución política por parte del Gobierno en contra de los miembros del Comité Interinstitucional de Defensa del Censo. Además, se declaró en emergencia y advirtió con volver a las calles para defender a sus líderes.
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