Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. Foto: ABI
La Paz, 13 de noviembre (ANF). - El Gobierno denunció ante organismos internacionales que la oposición, comité cívicos y plataformas ciudadanas están promoviendo una campaña de desinformación sobre el contenido de la Ley 1386 con la fin de repetir un escenario político que derivó en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.
El canciller Rogelio Mayta se encargó de hacer la denuncia y reiteró que la Ley 1386 responde a los lineamientos de la GAFI y forma parte de una serie de normas que buscan luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
“Denunciamos a la comunidad internacional que estos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo. La instalación de bloqueos son una flagrante violación a los derechos a libre circulación, a la educación, al trabajo y la salud, llegando incluso a incitar públicamente a tumbar al Gobierno”, declaró la autoridad.
En al menos seis regiones del país se registraron medidas de presión por parte de varios sectores que exigen al Ejecutivo la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. El partido en Gobierno convocó a sus sectores afines a contrarrestar las movilizaciones.
Asimismo, la autoridad señaló que en los puntos de bloqueo se amedrenta a los ciudadanos que intentan desarrollar sus actividades cotidianas. Advirtió que esos hechos son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, al acceso a la educación, al trabajo y a la salud, más aún en tiempos de crisis sanitaria global.
“Denunciamos que estos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo lo que derivó en múltiples agresiones a la población, incluso a incitar públicamente a tumbar al gobierno que fue democráticamente elegido con amplio apoyo de la población boliviana”, añadió.
Por último, exhortó a la comunidad internacional, organismos internacionales y defensores de los Derechos Humanos a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el Estado de derecho y el gobierno constitucional.
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