La Paz, 8 de octubre (ANF).- El vicepresidente Álvaro García manifestó este martes que si hay asentamientos ilegales en la Chiquitanía el Gobierno es el “más interesado” en que se efectúe los desalojos. Sin embargo, afirmó que para definir la situación de esas ocupaciones se requiere una auditoría del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pues esa tarea no se hará a “gusto del cliente”.
“Somos los más interesados en que si hay ocupaciones ilegales se las desaloje, pero eso no va a ser a gusto del cliente, se requiere un trabajo conjunto que, por supuesto, el INRA debe llevarlo adelante con una auditoría”, aseguró García durante una entrevista en la televisora Cadena A.
La reacción de la autoridad se da tras el cabildo organizado el viernes por el Comité Pro Santa Cruz que dio un plazo al INRA hasta el pasado lunes, al mediodía, para que desaloje a los colonos de las tierras fiscales y áreas protegidas.
Tras concluido dicho plazo, una comisión de cívicos se trasladó ayer al municipio de San José de Chiquitos para verificar, junto a los alcaldes de la zona, las ocupaciones ilegales en esa región.
Entonces el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que en caso de que se compruebe la existencia de asentamientos ilegales se efectuarán “desalojos pacíficos”.
Ante esto, el vicepresidente expresó su confianza en que la identificación de las ocupaciones ilícitas no se llevará al ámbito de la violencia.
“Para definir si es que hay una ocupación ilegal o no se requiere toda una auditoría, no es que viene una persona y dice: ‘esa ocupación es ilegal’, hay que delimitar donde está uno ubicado, hay que hacer georreferencias de cada lugar donde uno está pisando, eso requiere una fuerte inversión y es necesario hacerla”, aseveró la autoridad.
El lunes, el dirigente cruceño detalló que existen unos 1.650 asentamientos ilegales en los distintos municipios chiquitanos y la mayoría se encuentra en reservas naturales.
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