La Paz, 2 de septiembre (ANF).- El jurista y experto en temas de justicia y gobernabilidad, Eddie Cóndor, sugirió a las autoridades peruanas y bolivianas que participarán en el “Encuentro Presidencial Bolivia–Perú y IV Gabinete Ministerial Binacional” el 3 de septiembre en Cobija, abordar con prioridad, aparte de profundizar el diálogo en las áreas política, económica, comercial, cultural y de cooperación, el tema de los derechos humanos de los migrantes, que en los últimos años se ha puesto en evidencia, sobre todo en Bolivia, con casos concretos de vulneración de derechos, a los cuales los mecanismos institucionales existentes –en ambos países– no han ofrecido soluciones efectivas, oportunas ni eficaces.
En esa perspectiva, el también director ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno, considera que la binacional “debería también servir para generar un mecanismo institucional, integrado por connacionales de las respectivas comunidades migrantes que haga seguimiento a casos concretos en los que haya vulneración de derechos, e informe a las respectivas cancillerías y otros poderes públicos, con el fin de adoptar medidas correctivas (políticas) a nivel de Estado”.
Este ámbito institucional, agrega, serviría de plataforma para un “diálogo colaborativo entre nuestros respectivos Estados y los migrantes designados por sus propios connacionales”. Aclara que la iniciativa no sustituiría las funciones de las respectivas representaciones diplomáticas (embajadas y consulados), sino que “las ayudarían, de modo pragmático, a una efectiva protección de nuestros derechos”.
La situación de vulnerabilidad de los migrantes, en términos de responsabilidad de los Estados, “los obliga a éstos a generar políticas y mecanismos cada vez más centrados, en este caso, en el vínculo entre derechos humanos y migración, los cuales deben ser perfeccionados con el empoderamiento a los migrantes en la vía de los derechos establecidos y amparados por la comunidad internacional”.
Es pertinente recordar, refiere el jurista, que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
“No se nos puede restringir, violar, transgredir ni afectar de ninguna manera, pues estamos amparados por el Derecho Internacional”, remarca.
Cóndor evidencia que estos compromisos no se están cumpliendo y para comprender la gravedad de la situación, dice, “basta detenerse un momento en lo que registra la prensa, considerando que los informes de los mecanismos que tiene la OEA y la ONU, ámbitos muy lejanos de lo social, no siempre exhiben esta lacerante realidad”.
En ese sentido, el especialista en temas de justicia hace un llamado a los gobernantes y sus gabinetes ministeriales “sobre la necesidad de mirar más lo humano”.
“Centrarse en lo crematístico e ignorar los sufrimientos de los más vulnerables, desde nuestra perspectiva, es una forma flagrante de revictimizarlos, esta vez producto de la omisión de sus mismos Estados”, apunta.
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