La Paz, 17 de agosto de 2022 (ANF).- La directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui, advirtió que en el país hay una tendencia de aplacar la voz de la sociedad civil, a través de ejecutar una estrategia de adormecimiento por la vía del miedo, y que tiene como fundamento un debilitamiento de la institucionalidad democrática.
Al inicio de la entrevista transmitida por el Facebook de la ANF, destacó que el proceso constituyente y el resultado de una nueva Constitución Política del Estado marcó un hito en definir un pacto social para una convivencia pacífica, pero que después “hay un proceso que ha ido aplacando cada vez más la voz de la sociedad civil”, y que la presencia del Estado sea mayor en todo sentido.
“Nuestro entorno de reducción del espacio cívico es cada vez más complejo, eso se viene venir hace tiempo”, sostiene Eróstegui, al reflexionar que los espacios de acción son cada vez menores, de acuerdo al monitoreo que realiza el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS percibe que las organizaciones de la sociedad civil están “autocensuradas” y “atemorizadas”.
“Esto tiene que ver con la estrategia de generar esta reacción de adormecimiento general por la vía del miedo. Te vamos a perseguir, vamos a criminalizar, vamos a acusar, vamos a agredir, vamos a generar un contexto de paralelismo de grupos de choque de quienes defienden la propuesta gubernamental en contra de quienes podrían ser no opositores, sino ejercer la liberta de disentir, criticar y opinar; eso es algo natural”, sostiene la directora de UNITAS.
Pero ¿por qué se pretende deteriorar a las organizaciones a través de la estigmatización, de acallarlas o de la persecución? Eróstegui cree que se “sintetiza en el (ejercicio del ) control y en el poder”, cuando este es el objeto la sociedad civil resulta ser “incómoda”, una concepción contraria a los términos de una democracia plena donde el disenso y el pluralismo son valores importantes para el desarrollo y la generación de políticas.
Dice que no se puede olvidar que la sociedad civil tiene un rol fundamental que es hacer seguimiento al poder público, y eso exige la rendición pública de cuentas, acceso a la información, transparencia en todo el accionar del Estado, lo que “está muy ligado a un marco más amplio de la institucionalidad democrática, eso es lo más preocupante hoy en día”, acota.
Eróstegui manifiesta que es preocupante cuando hay un proceso que apunta a generar un debilitamiento -por ejemplo- en la separación de poderes del Estado. Advierte que hay un órgano Ejecutivo que “controla y subordina” a los otros poderes del Estado, es decir, a los órganos Electoral, Judicial y Legislativo.
Cree que el objetivo es copar todos los ámbitos, en la perspectiva que el Ejecutivo quiere ser el único que define y manda en las decisiones del Estado, generando una desconfianza de la sociedad porque existe un uso de mecanismos de “criminalización” , “judicialización de la política”, “persecución a defensores” y “asfixia económica”.
“Hay muchas formas que tienen que ver con esta necesidad de allanar el camino para que nadie critique, opine, genere movilización, protesta, que eso que parece normal en cualquier sociedad se convierte en la anulación de esa posición crítica y que disiente”.
Para la directora de UNITAS, existe un correlato, si la institucionalidad democrática se va debilitando, entonces, también se debilita la capacidad de reacción y resistencia, opinión y acción de la sociedad civil. Eso es muy preocupante, comentó.
Porque “los niveles de subordinación de la sociedad permiten total impunidad”, es decir que se actúe de manera arbitraria, que la crítica solo pueda ser posible en función de lo partidario.
Considera que se están dando casos “inverosímiles” como el allanamiento de viviendas para realizar arrestos sin orden judicial, a propósito del conflicto cocalero; arrestar a una persona por no portar su carnet de identidad; infiltrar a militares en las organizaciones sociales con falsas identidades, entre otros.
Criticó que desde el Gobierno se imponga el principio de culpabilidad sobre el principio de inocencia, lamentó que se hayan invertido los principios y que esta forma de actuar se esté naturalizando. En esa línea de vulneración de derechos dijo que entre enero y julio, el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos ha registrado 109 vulneraciones a la institucionalidad democrática.
“Hay elementos que te hacen pensar que el contexto se ha vuelto más complejo, hacen pensar si el Gobierno no se está dando cuenta de la magnitud de lo que está generando y que estamos ante un autoritarismo y posiblemente como dice algún compañero: de 'dictadura de baja intensidad'”, sostuvo Eróstegui en su análisis.
Cuestiona al Servicio Nacional de Impuestos por prestarse a la anulación de la representación de Carvajal
Cuestionó el uso del aparato estatal para generar mayor vulnerabilidad de las organizaciones legítimas en la defensa de los derechos humanos, en relación a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, luego que el Servicio Nacional de Impuestos, a pedido de una dirigencia paralela, anuló la representación legal a la activista y presidenta de esa institución, Amparo Carvajal.
“No entendemos cómo el SIN se ha prestado para una situación de esta naturaleza. ¿Cuál ha sido el argumento y fundamento legal? Eso quiere decir que hay una complicidad del SIN con la Asamblea paralela para generar esta situación de vulnerabilidad”, comentó.
Considera que el mensaje no es solo para la APDHB, sino para todas las instituciones de defensa de los derechos humanos, porque están mostrando que tienen “todo el poder de quitarte la legalidad, de quitarte la personería jurídica, de quitarte tus bienes de forma arbitraria, sin notificación”, como ocurrió con la entidad de derechos humanos.
“El fondo de eso es aniquilar una voz firme como la de Amparo Carvajal, una posición coherente con la defensa de los derechos humanos para allanar este camino de actuar con impunidad respecto a cualquier decisión”, añadió.
Eróstegui comentó que apenas hace dos años en Bolivia se han celebrado las elecciones democráticas y que la población esperaba una convivencia social, de no polarización y fortalecer una sociedad que dialogue y debate, lo que no está ocurriendo.
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