La Paz, 2 de octubre (ANF). - Luego de un proceso de reflexión y diagnóstico –cuyos resultados fueron plasmados en un documento institucional–, la Red Nacional Mujeres y Minería (RNMM) presentará sus propuestas sectoriales a candidatos e instituciones amigas para que en un futuro cercano se desarrollen políticas públicas efectivas para estas trabajadoras.
Durante el Conversatorio Mujeres mineras en busca de sus derechos, que será realizado el 6 de octubre por la plataforma Zoom y Facebook, varias representantes de la RNMM expondrán la realidad de su sector en las esferas de salud, educación, medio ambiente, áreas de trabajo y, en especial, violencia de género.
Asimismo, explicarán a los medios de comunicación y a candidatos de los departamentos mineros la necesidad de atender con urgencia estos aspectos y el apremio de organizar un censo para conocer la cantidad de mujeres que trabajan en diversas formas en el sector de la minería. Estas acciones facilitarán la aplicación de políticas adecuadas desde las instancias nacionales, regionales y locales.
Las mujeres mineras y su situación
Si bien no se conoce el número exacto de las mujeres que se dedican a actividades mineras, se estima que el 30% de las personas que trabajan en minería son del género femenino. Sin embargo, su labor tiene escasa visibilidad pública y su contribución económica, social o familiar recibe poco reconocimiento. Esto ocurre incluso en sus propias organizaciones productivas y comunidades de residencia.
A esto se agrega que las mujeres mineras son hasta hoy víctimas de discriminación en varios campos, incluidos el laboral y el político. Actitudes que son parte de las múltiples formas de violencia machista. Esto se debe a los modelos patriarcales persistentes en la sociedad.
El trabajo minero, por su naturaleza y peculiaridades, es utilizado para la implantación de prácticas prejuiciosas hacia la mujer al considerar que esta actividad es “propia de hombres”. Asimismo, el factor económico ha dado lugar al surgimiento de brechas en los ingresos entre hombres y mujeres en minería, mientras que la deficiente formación escolar y profesional impide el conocimiento correcto de los derechos sociales y laborales que las asisten.
Además de este panorama –que aumenta la vulnerabilidad de las personas del género femenino–, es necesario considerar las condiciones precarias en que las mujeres desarrollan sus labores, en particular en la minería artesanal de pequeña escala y en el trabajo minero individual.
Al mismo tiempo, las frágiles condiciones técnicas en seguridad y sanidad que son comunes en gran parte de la minería, en el caso de las mujeres alcanzan mayores niveles de amenaza por la desprotección y circunstancias inherentes a su condición de género. Es por eso que ellas son más propensas a desarrollar y contraer enfermedades laborales, que tampoco son consideradas de manera específica por los escasos servicios de salud.
Ideas centrales de las propuestas
El análisis de la problemática de las mujeres mineras, realizado por las propias protagonistas, ha planteado iniciativas que deberán ser puestas en práctica por las instituciones estatales mediante políticas adecuadas, pues están enmarcadas en el ámbito laboral, organizacional y del ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y normas vigentes como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N° 348 y la Ley N° 243 Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, entre otras.
Al respecto, unas 120 mujeres mineras analizaron y propusieron soluciones sobre sus derechos a la salud, al trabajo digno, a la educación, a un medioambiente sano y a una vida libre de violencia, así como de otras temáticas.
De esta forma, durante el conversatorio, sus representantes explicarán los problemas de la productividad en la minería cooperativista debido a las precarias condiciones de salud y seguridad ocupacional (SySO), la necesidad de condiciones técnicas mínimas para el trabajo, la premura para la mejora de los servicios de salud y educación y el apremio para ejercer derechos y acabar con la violencia machista y la discriminación en las organizaciones laborales.
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