La Paz, 14 de diciembre (ANF). – En la última semana, diferentes legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron ser víctimas de acoso político, hostigamiento e incluso amedrentamientos de sus mismos colegas, considerados el ala “radical” del partido liderado por Evo Morales. Algunos parlamentarios creen que estas acciones “debilitan” a ese movimiento y afirman que está atravesando una “crisis”.
Una de las denuncias que causó polémica fue la de la diputada del MAS por El Alto, Clery Vargas, quien, con lágrimas en los ojos, denunció por acoso político a sus colegas Sonia Brito y Brígida Quiroga, a quienes acusó de amedrentarla para forzarla a aprobar la Ley de Garantías.
Vargas objetó la Ley de Garantías por brindar protección a exfuncionarios que querrían aprovecharse de la situación que atraviesa el país para quedar impunes.
En su denuncia, la legisladora contó que Brito le mandó un video del hermano de Víctor Borda, quien postrado en cama relata que fue agredido y que su casa fue quemada. Según Vargas, Brito acompañó ese video con un mensaje en el cual le decía que eso mismo les pasaría si no aprueban la Ley de Garantías.
Sobre, la segunda denunciada, Vargas señaló que la diputada Brígida Quiroga le advirtió que habilite a su suplente y que deje de “hacer problemas”. Vargas formalizó su denuncia ante la Comisión de Ética una denuncia contra Brito y Quiroga por acoso político.
Otro caso, es el del diputado del MAS, Concepción Ortiz, quien aseguró que al interior de su bancada existe una “rosca” y manipulación en el trabajo legislativo durante cuatro años de gestión. En específico, acusó a su colega Sonia Brito.
La última pugna interna en el MAS, es la denuncia que hizo la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa contra su colega, Adriana Salvatierra, a quien acusó de obstaculizar su trabajo. Además, indicó que sufre “hostigamiento político y psicológico” por parte del oficial mayor del Senado, Eduardo del Castillo, afín a Salvatierra.
“Estoy siendo perseguida. Están obstaculizando mi trabajo en la Cámara de Senadores. (...) Que entienda Adriana Salvatierra que ahora la presidenta (del Senado) soy yo, que ella ya ha cesado y que me deje concluir mi gestión”, denunció Copa. También pidió que se reactive el juicio de responsabilidades contra Hugo Salvatierra, padre de la legisladora cruceña.
Para la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, es evidente la “crisis” que viene atravesando el MAS se debe a la “presión” que vienen recibiendo, diputados y senadores oficialistas por los “radicales” de ese para aprobar la Ley de Garantías, bajo amenazas.
“Hay una fractura evidente en el MAS. Diferentes diputados y senadores se han denunciado entre ellos, la división en ambas cámaras. Eso sucede por los radicales del MAS. Tenemos el caso de la diputada Clery Vargas que ha denunciado violencia política, está Eva Copa contra Salvatierra, está última quiere seguir manejando las decisiones en el senado para beneficiar a la cúpula del MAS”, añadió.
Por su lado, el senador del MAS, Efraín Chambi, descartó que haya división en la bancada de ese partido. Empero, dijo El senador Efraín Chambi, Jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), negó que haya división en la bancada de ese partido.
El diputado Edgar Montaño, reconoció que dentro de las disputas entre afines al MAS, hay hechos individuales y administrativos. Adelantó que se reunirá con la bancada para exhortar a la “pacificación” a fin de seguir fortaleciendo el partido con miras a las elecciones de 2020.
Negó que ese tipo de rencillas afecten al exmandatario Evo Morales, que se encuentra asilado en Argentina.
Ley de Garantías
El viernes, las bancadas del MAS, UD y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) eliminaron tres artículos de la Ley de Garantías y modificaron dos. El documento fue devuelto a la Cámara de Diputados para que nuevamente sea tratada y luego promulgada.
El proyecto de ley causó polémica y rechazo por parte del Ejecutivo porque considera que es una norma “innecesaria”, tomando en cuenta que se aprobó un decreto que viabiliza la indemnización de las familias de víctimas mortales y heridos que dejó como saldo el conflicto social que se vivió entre octubre y noviembre.
Además, rechazaron la intención, de esa norma, de otorgar “impunidad” a exautoridades de Gobierno como Evo Morales y a líderes sindicales que formaron parte de los últimos conflictos registrados en noviembre en diferentes regiones del país.
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