La Paz, 14 de agosto (ANF).- El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Yerko Núñez, denunció que el Gobierno a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) financió 40 procesos de adjudicación para la construcción de sedes sociales para las organizaciones sociales afines al MAS, por un costo de Bs 104,9 millones.
“La UPRE adjudicó 40 procesos de Contratación Directa para la construcción de “Sedes sociales” por un monto total de 104.852.503.66 Bs”, declaró el senador Núñez en una rueda de prensa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Calificó como un nuevo “despilfarro de recursos y favorecimiento a aliados políticos, federaciones y sindicatos por favores políticos en contra de los intereses y bienestar del pueblo boliviano”, sostuvo.
El legislador basó su denuncia con información registrada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), por ejemplo: la construcción de la sede social comunal de la central El Palmar en San Borja por un monto de Bs 930.490, la sede de la Federación Departamental de Maestros Rurales tuvo un costo de Bs 2.410.990, la sede de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas por un monto de Bs 2.670.873, ambos en Pando.
Asimismo, se puede ver que se construyó la sede social para la Cooperativa Minera Nueva San Pablo por un monto de 1.307.731, la Cooperativa Minera La Salvadora que costó Bs 1.307.731, la sede social de la Asociación Departamental de Minoristas de Coca en Oruro por un costo de Bs 1.960.750.
La sede de la Federación Sindical Bartolina Sisa y Tupaj Katari en La Paz tuvo un costo millonario de Bs 6.108.256, el edificio de la Federación del Trópico de Cochabamba tuvo un costo de Bs 4.980.161, mientras que la sede y el coliseo de las Seis Federaciones costó Bs 3.795.423.
La UPRE depende del Ministerio de la Presidencia y funciona con recursos del Tesoro General de la Nación, para la ejecución de obras físicas en los municipios y en obras para las organizaciones sociales que son particularmente afines al gobernante MAS.
Núñez acotó que la unidad fue creada para la ejecución de proyectos de inversión, no obstante, observó que los recursos en sedes sociales no se constituyen en gastos de inversión.
Asimismo, dijo que se tendrá que investigar si efectivamente estos más de 100 millones de bolivianos se destinaron en las sedes sociales de las organizaciones sindicales.
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