Creemos denuncia de ilegal eventual sentencia contra Añez por "golpe II" y culpa al Gobierno

La Paz, 6 de junio de 2022 (ANF).- La alianza Creemos denunció este lunes que el gobierno del Movimiento al Socialismo tiene la intención de lograr una sentencia “ilegal” en contra de la expresidenta Jeanine Añez en el juicio oral por el caso "golpe II".

Creemos ha denunciado “la intención del gobierno del Movimiento al Socialismo de lograr una sentencia ilegal contra la expresidenta Jeanine Añez, quien lleva detenida en forma arbitraria e indebida desde marzo de 2021, víctima del régimen masista que utiliza al Órgano Judicial y Ministerio Público”, dice un comunicado emitido este lunes.

La organización política de oposición hizo un llamado urgente a la población para mantenerse alerta toda vez que cualquier ciudadano puede ser víctima de una injusticia “sometida al poder masista que la utiliza para castigar a sus adversarios políticos, los que disienten y piensan diferente”.

Creemos liderada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó como un acto de “revanchismo y sed de venganza de Evo Morales” y del MAS, acotó que no tienen límites en su intención de destruir todo lo que se les oponga, tal como lo pretende hacer ahora con la exmandataria y los más de 40 perseguidos políticos, señala el documento.

Asimismo, sostienen que en el proceso a la exmandataria se están vulnerando sus “derechos humanos y constitucionales al debido proceso, a la presunción de la inocencia, a la defensa, entre otros; situación que ha sido observada a vista y paciencia del Tribunal Constitucional que no se ha pronunciado conforme a derecho y a la verdad”.

En pasados días el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado una acción de inconstitucionalidad directa contra dos artículos del Código de Procedimiento Penal, en relación a los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Añez es juzgada por haber asumido en noviembre de 2019 la presidencia del Estado, el Ministerio Público alega que fue ilegal, que la entonces senadora se “autoproclamó” sin cumplir la ruta de la sucesión constitucional.

La defensa de la exmandataria argumenta que lo hizo en una situación de emergencia, cuando las principales cabezas de las instituciones, del Ejecutivo y del Legislativo renunciaron dejando un vacío de poder y el país a la merced de la violencia.

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