Constitucionalista: Si la justicia sentencia a Añez la elección de Luis Arce sería nula

La Paz, 7 de junio de 2022 (ANF). – El abogado constitucionalista Williams Bascopé aseguró que una sentencia condenatoria a la exmandataria Jeanine Añez ocasionaría la nulidad de las elecciones generales de 2020, proceso en el que fueron electos el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, porque supuestamente un gobierno “ilegal” dio vía libre a esos comicios.

 “Todos sabemos bien que el abandono de Evo Morales provocó una sucesión constitucional y no hubo un golpe de Estado, lo que está haciendo el poder Judicial es un montaje y un circo que da vergüenza. De darse una sentencia condenatoria (contra Añez) las elecciones de Arce y de todos los parlamentarios serían nulos. Esto se convertirá en un enmarañado jurídico porque va a surgir muchos cuestionamientos”, señaló Bascopé a la ANF.

El 2020 el gobierno transitorio y el Movimiento al Socialismo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional impulsaron la realización de las elecciones generales, a través de una ley sancionada en el legislativo y promulgada por Añez.

Pero además, se promulgó otra ley para ampliar el mandato de la entonces presidenta Añez, de los legisladores nacionales del MAS y de la oposición), de los alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales. 

Incluso la expresidenta del Senado Eva Copa asistió al palacio de Gobierno para la promulgación de las normas, el registro está en imágenes, así como las normas sancionadas y promulgadas.

Por su lado, el abogado constitucionalista y presidente de la Comisión de Derechos Fundamentales del Colegio de Abogados, Frank Campero, aseguró que si se dicta sentencia primero debe ser ejecutoriada para que cause estado y para ello se debe esperar por lo menos tres años.

 “Primero se tiene que analizar el contenido de la sentencia y esperar que esta sea ejecutoriada, una vez (que) suceda esto se debe analizar si esto causaría efecto colateral a las acciones de Jeanine Añez, con respeto a los decretos supremos estos podrían ser declarados ilegales pero refrendados por el actual gobierno”, puntualizó.

La exmandataria es enjuiciada en el denominado caso “golpe de Estado II” por haber asumido la presidencia en noviembre de 2019, es acusada por los delitos incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.