La Paz, 19 de marzo (ANF).- El Consejo de Europa que tiene a la Comisión de Venecia como un órgano consultivo emitió este lunes un informe en el que se pronuncia a favor de limitar el número de mandatos presidenciales, para evitar el abuso de poder.
"La Comisión de Venecia se pronuncia a favor de limitar el número de los mandatos presidenciales en los sistemas presidencial y semipresidencial”, señalaron los expertos de la comisión que redactaron el documento de análisis comparativo sobre las expriencias en varios continentes.
Estos límites pretenden “prevenir abusos del poder y no restringe excesivamente ni el derecho de los pretendientes a ocupar tal cargo ni el de los electores", explicaron, según la información difundida por la agencia Sputnik.
La comisión es una organización que vela por el respeto de los derechos humanos en territorio europeo y calificaron de “regresión democrática” el suprimir la limitación del número de los mandatos presidenciales.
Asimismo sostienen que “la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido”. El Gobierno boliviano sostiene que el derecho del presidente a ser reelegido es un derecho humano, por lo que impedir o evitar que se repostule por un cuarto mandato estaría vulnerando este derecho.
Su informe responde a este requerimiento de la OEA que cuestiona algunas prácticas en América Latina respecto a la reelección indefinida de los mandatarios, las críticas están orientadas al caso particular de Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
De acuerdo al comunicado emitido la modificación del número de mandatos requiere de una enmienda constitucional promovida por la voluntad de mejorar el funcionamiento del Estado y no de reforzar el poder o los intereses del presidente en ejercicio, sostienen.
La aplicación de la revisión constitucional debiera ser aplicable para las futuras autoridades y no así para el presidente que está en ejercicio.
El 26 de junio de 2017, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ya solicitó a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, también conocida como la Comisión de Venecia, una opinión sobre la legalidad del decreto presidencial a través del cual se convocó a elecciones para una asamblea constituyente en Venezuela.
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