La Paz, 18 de agosto (ANF).- El proyecto de “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social" llevaría a Bolivia a incurrir en responsabilidades internacionales porque estaría en contra de las normas constitucionales y de derechos humanos, según el Colegio Nacional de Abogado de Bolivia (Conalab).
Mediante un pronunciamiento, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que evite sancionar disposiciones que agredirían el sentimiento de la justicia boliviana, ya que “revictimizarían a quienes sufrieron la pérdida de sus seres queridos y bienes haciéndose cómplices de impunidad e incurriendo en responsabilidades penales”.
“Les estamos alertando. De continuar con ese tipo de actividades que no parecen ser propias de los legisladores, van a hacer incurrir al Estado boliviano en responsabilidades internacionales, toda vez que hay una serie de casos a nivel del sistema interamericano de los cuales, la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), ha sancionado a los Estados que han aprobado leyes de impunidad o de cualquier otro tipo de liberación de responsabilidades penales, tratándose de graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó a radio Compañera, el presidente del Conalab, Arturo Yañez.
El pronunciamiento también explica que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos declaró, con anterioridad, la responsabilidad internacional que los Estados tienen sobre el tema de amnistías y las medidas similares a la impunidad.
En el documento cita las sentencias que se dieron en los casos de Gelman vs Uruguay y Barrios Altos vs Perú, sobre la incompatibilidad de leyes de amnistía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sosteniendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) consideró que son inadmisibles las disposiciones de amnistía.
El proyecto de ley fue presentado por la jefa de la Bancada Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados, Betty Yañiquez, y prevé que no se persiga a los dirigentes sociales que participaron del bloqueo de caminos durante 12 días, en el mes de agosto de 2020, que se gestó en rechazo a una nueva postergación de la fecha de elecciones.
La legisladora aclaró que el proyecto de ley está fundamentado en el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE). Esta parte de la Carta Magna menciona los derechos civiles de los bolivianos como a la auto-identificación, libertad de pensamiento, libertad de reunión, acceso a la información, libertad de residencia y circulación en todo el territorio nacional.
En su Artículo 4 señala que “el Ministerio Público, en el plazo d 24 horas de promulgada esta Ley, deberá solicitar al Órgano Judicial la libertad pura y simple de las personas detenidas o procesadas como fruto de las movilizaciones sociales”.
Para el Conalab es un proyecto de ley inconstitucional y nuevamente exhortó a los legisladores a cumplir con su elemental obligación de garantizar los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva, al juicio previo de las víctimas y respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundamentalmente su Artículo 1.
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