La Paz, 8 de junio de 2026 (ANF).- A casi 40 días del paro indefinido y 34 días de los bloqueos de carreteras, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llamó a la “desobediencia civil” para no acatar el estado de excepción, si es que el gobierno de Rodrigo Paz dicta esa medida para poner fin a las medidas de presión. Asimismo, los interculturales de Chimoré anunciaron la toma de las unidades militares.
“Estamos decididos para garantizar que en la región del Trópico (de Cochabamba) no vamos a aceptar ese estado de excepción. Vamos a llamar a una desobediencia civil porque es lo único que podemos pedir”, sostuvo Gastón Ledezma, secretario general de la Federación Carrasco Tropical.
El epicentro del conflicto se ha trasladado, este lunes, hacia la zona del Chapare, el bastión del expresidente Evo Morales, quien fue señalado por el gobierno de Paz como el financiador de las protestas de sectores que se niegan ir al diálogo.
En la mañana, Paz promulgó la Ley de Estados de Excepción que regula este instrumento. Sin embargo, para su aplicación el gobierno requiere de un decreto supremo que establezca las características, el alcance territorial, el tiempo, la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El ampliado de la Coordinadora resolvió no aceptar ninguna convocatoria al diálogo bajo el argumento que, mientras hay llamados a dialogar, se siguen emitiendo órdenes de aprehensión contra los dirigentes.
Ledezma anunció que “nos vamos a organizar y nos vamos defender, no nos queda de otra. Si el gobierno quiere someternos tendrá que matarnos a los 250.000 afiliados que estamos en el Trópico de Cochabamba”.
Por su parte, Mario Rivera, dirigente del comité Ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, informó que a partir de este lunes se declaran en emergencia y anunció la toma de las unidades militares de forma pacífica.
“Como Chimoré con mis 15 centrales se ha determinado entrar en vigilia y tomar las instituciones militares que tenemos en Chimoré como Umopar, Garras (Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor), cuarteles porque con la ley es una amenaza para los movilizados”.
Los dirigentes que tomaron la palabra en las conferencias de prensa rechazaron las acusaciones de “narcoterrorismo” que el gobierno de Paz les sindicó, reprocharon que mientras las acusaciones se dirigen hacia el Chapare, el gobierno no ha explicado el caso de las 32 maletas o de la droga impregnada en la exportación de madera.
Rivera cuestionó los artículos 26 y 27 de la norma que regula los estados de excepción porque es una ley que no da garantías, sostuvo, al advertir que “no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar con los policías y militares”.
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